El objetivo de estas misivas es lograr que el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés) entre en vigor cuanto antes. Hasta la fecha, solo 21 países han ratificado este tratado, lejos de los 60 necesarios para que se convierta en ley internacional, según datos de la organización High Seas Alliance.
Aunque España fue el primer país europeo en ratificar el acuerdo el pasado 4 de febrero, Aagesen considera que no basta con este gesto pionero. Fuentes del Ministerio aseguran que su intención es que España actúe como motor diplomático para lograr una adhesión más amplia y rápida antes de la Conferencia de los Océanos de Niza, que se celebrará del 9 al 13 de junio.
La biodiversidad marina, en juego
En las cartas enviadas, como la remitida a la ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, Aagesen subraya la urgencia ecológica y moral de actuar. La ministra española advierte de que estamos ante un momento decisivo para proteger “uno de nuestros bienes comunes más preciados: la biodiversidad marina y los ecosistemas oceánicos”.
Asimismo, resalta la importancia del acuerdo para las comunidades costeras, cuya subsistencia depende del estado de salud de los mares, y hace un llamamiento a escuchar a la comunidad científica, que sigue revelando la riqueza del capital natural submarino del planeta.
Una oportunidad para fortalecer el multilateralismo
Aagesen también destaca que la ratificación del tratado es una “oportunidad excepcional” para consolidar el multilateralismo ambiental y reforzar el compromiso global con la agenda climática. “Es un paso firme hacia un proyecto global donde la prosperidad compartida va de la mano con la protección de los bienes públicos globales”, afirma en su mensaje.
Este enfoque busca resaltar que la cooperación internacional sigue siendo clave para afrontar los grandes retos actuales, desde la crisis climática hasta la pérdida de biodiversidad, consolidando así una política exterior ambiental activa por parte de España.