redes sociales
La decisión se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reforzar la protección de menores en el entorno digital y aumentar el control sobre el uso de algoritmos y herramientas de IA en grandes redes sociales.
Antes de que se inicien las posibles actuaciones judiciales, el Ejecutivo ha optado por utilizar el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite instar investigaciones cuando existan indicios de delito.
El Consejo de Ministros pedirá formalmente a la Fiscalía que investigue posibles delitos relacionados con IA en X, Meta y TikTok
Sánchez ha señalado que el Gobierno invocará el citado artículo para que se investiguen los delitos que las plataformas “podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA”.
El presidente ha afirmado que estas compañías estarían “atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas” y ha añadido que el Estado debe actuar frente a la posible impunidad de los grandes operadores tecnológicos.
La actuación no supone por ahora una sanción directa, sino la apertura de un proceso de análisis jurídico para determinar si existen infracciones penales asociadas al diseño, funcionamiento o amplificación algorítmica de contenidos ilícitos.
El Ejecutivo sostiene que la amplificación algorítmica podría estar facilitando la difusión de contenido ilegal generado con inteligencia artificial
El pasado 3 de febrero, el presidente anunció que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años como parte de una reforma legislativa en materia de seguridad digital.
La medida busca reducir la exposición de menores a contenidos potencialmente dañinos y reforzar los mecanismos de verificación de edad en redes sociales.
España prepara una reforma para impedir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y reforzar los controles digitales.
El Ejecutivo también prevé tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. Además, se estudiarán posibles infracciones legales vinculadas a herramientas como Grok, TikTok e Instagram.
Entre las iniciativas anunciadas figura la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que Sánchez ha denominado una “huella de odio y polarización”.
Este mecanismo tendría como objetivo identificar patrones de difusión automatizada de contenido ilegal y facilitar su persecución judicial.
La iniciativa sitúa a España en una línea de mayor intervención regulatoria sobre las grandes plataformas digitales en el ámbito europeo, especialmente en materia de protección de menores y control del uso de inteligencia artificial.
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