El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros y las ministras antes de la reunión del Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo)
La presión para que España cumpla con su promesa ante la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB se intensifica. A la par, el país tiene pendiente otro compromiso legal y ético: alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para el año 2030. En un contexto de presupuestos prorrogados y recursos limitados, organizaciones de la sociedad civil alertan del riesgo de que uno de estos objetivos se cumpla a costa del otro.
Durante su intervención en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de marzo, Pedro Sánchez insistió en que el incremento del gasto en defensa «no tocará un céntimo de euro de gasto social o medioambiental». Sin embargo, el presidente no mencionó de forma explícita la ayuda al desarrollo, generando incertidumbre en un sector ya de por sí tensionado.
En Bruselas, Sánchez también subrayó el impacto devastador de recortar la ayuda internacional, refiriéndose a decisiones recientes de líderes como Donald Trump en EEUU o Keir Starmer en Reino Unido, que han reducido sus partidas de cooperación para priorizar el gasto militar.
«Retirar esta ayuda implica quitar vacunas a niños, dejar aldeas sin agua potable y abandonar a millones en situación de guerra», advirtió Sánchez
Desde la Coordinadora de ONGD, que agrupa a más de 70 organizaciones, advierten que si se cumple la meta del 2% para defensa pero no se incrementa la ayuda al desarrollo, el gasto militar podría llegar a ser diez veces mayor que los fondos de cooperación.
Nacho Esteve, portavoz de la Coordinadora, recuerda que la cooperación internacional «no es un lujo, sino una inversión» que ayuda a reducir conflictos, proteger derechos humanos y garantizar la paz.
Si España hubiese cumplido el 0,7% entre 2000 y 2023, se habrían destinado 125.000 millones de euros a cooperación, estiman desde la Coordinadora
Además, Esteve subraya que alcanzar el 0,7% permitiría quintuplicar el número de personas beneficiadas por la acción humanitaria: de un millón actual a casi cinco millones.
La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, aprobada en febrero de 2023, establece la meta del 0,7% en línea con compromisos internacionales. No obstante, el actual Plan Director 2024-2027 no fija objetivos intermedios, sino tres escenarios posibles:
Aumento lineal: incremento constante cada año, difícil de lograr con presupuestos congelados.
Crecimiento limitado inicial: reforzar estructuras antes de acelerar la inversión, para absorber aumentos futuros.
Crecimiento moderado y acelerado: dado el aumento de la RNB y la prórroga presupuestaria, el crecimiento sería bajo al principio y se aceleraría más cerca de 2030.
Desde la Coordinadora consideran que el Gobierno está optando por este último modelo, lo que, en la práctica, comprometería el cumplimiento pleno de la meta.
«Cuando hay visión y voluntad política, se puede conseguir», sostiene Nacho Esteve
El Gobierno también recuerda que el 0,7% es un objetivo compartido con comunidades autónomas y entes locales. En 2023, la media de aportación fue del 0,12%, aunque regiones como Euskadi lideran con un 0,35%.
Para lograr la meta, será crucial la suma de esfuerzos de todas las administraciones y una verdadera prioridad política, que asegure que el incremento en defensa no se haga en detrimento de la solidaridad internacional.
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