España concede las subvenciones para vivienda basándose en la población de 1992

Las subvenciones que concede el Estado cada año a las comunidades autónomas en materia de vivienda se mantienen rígidas – porcentualmente – desde 1992. A pesar de la diferente evolución por comunidades autónomas que ha sufrido la población, los criterios para la distribución territorial de los fondos se desconocen y permanecen fijos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado hoy el primer ‘Estudio del proceso de revisión del gasto’ (Spending Review), centrado en la evaluación de la estrategia y los procedimientos seguidos en la concesión de subvenciones públicas. La institución que dirige José Luis Escrivá denuncia la “falta de transparencia” y de “coordinación” en la concesión de estas ayudas.

Según el informe, en 1992, Andalucía recibía el 17,1% de los fondos destinados por la Conferencia Sectorial de Vivienda, órgano donde se enmarca la Política Estatal de Vivienda. En aquel año, la región andaluza daba cobijo al 17,9% de la población española.

En 2019, los andaluces representan el 21,4% de población y, sin embargo, siguen recibiendo el 17,1% de los fondos de vivienda, detalla la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Según los datos del informe, uno de los criterios que podría estar aplicando el Estado en el reparto territorial es el porcentaje regional de hogares, en vez de la población. En esa línea argumental, el 17,3% de los hogares de España están en Andalucía, y el 2,4% en las Islas Baleares (reciben también el 2,4% de los fondos).

Sin embargo, Asturias desmonta esa máxima, ya que recibe el 3,3% de los fondos y apenas tiene al 2,6% de la población española y al 2,5% de los hogares del país.

Plan Estatal de Vivienda, sin objetivos

El Plan Estatal de Vivienda es resultado de un proceso participativo en el que intervienen las comunidades autónomas de forma bilateral “sin ser sometido a discusión conjunta en la conferencia sectorial”.

Esa es una de las principales críticas que hace la Airef de un plan donde lo único importante parece que es exclusivamente el reparto de fondos a las autonomías. No existe debate sobre otros aspectos de la política de vivienda.

Derivado del análisis de las últimas actas que se han facilitado para la elaboración del estudio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal concluye que la mayoría de los puntos del orden del día son puramente de gestión (por ejemplo, aprobación del acta de la sesión anterior, distribuciones territoriales de presupuestos, presentaciones de resultados, etc.).

Además, lamenta que los debates sobre el Plan de Vivienda no tratan todas las líneas del plan (política de vivienda, arquitectura y edificación, urbanismos y suelo, y actividades y servicios).

Por último, la Airef critica que la planificación estratégica de subvenciones en materia de vivienda no incluye objetivos ni indicadores ni evaluaciones externas complementarias a la publicación de los PES. “Se detecta una importante carencia de evaluación de impacto de los planes”, concluye.

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