La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en Moncloa.
La cifra del 10,97% del déficit público incluye las ayudas financieras, después además de que las autoridades comunitarias hayan obligado incluir a la Sareb dentro del perímetro del sector público. Sin incluir las ayudas a la banca, el déficit habría ascendido al 10,09% del PIB. En euros, supone 113.172 millones de euros, un aumento de 77.557 millones respecto al ejercicio anterior.
El fuerte incremento fue consecuencia en gran medida del mayor gasto necesario para paliar los efectos de la crisis del covid-19 (53.070 millones de euros más), ha destacado Montero, que ha apuntado que nueve de cada diez euros ha ido destinado a ayudas como los ERTE. Por otro lado, hubo también un hundimiento de los ingresos por la caída de la actividad económica (24.487 millones menos)
La tasa de déficit del 10,09% es la tercera peor en el registro del Ministerio de Hacienda, tras el 11,3% del 2009 y el 10,7% del 2012, con la anterior recesión económica y el rescate a la banca.
En total el gasto alcanzó una cifra de 576.489 millones de euros, con un incremento de las subvenciones de un 71% hasta los 21.420 millones; y de las subvenciones de un 15,9% hasta los 228.115 millones. El único capítulo en el que bajó el gasto fue el de intereses de la deuda, donde el escenario actual de tipos ultrabajos e incluso negativos permitió una caída del 11,1% hasta los 25.192 millones.
En las otras partidas, las ayudas a la inversión supusieron 12.198 millones de euros (+46,2%) y la remuneración a asalariados 140.470 millones (+4,5%).
Por el lado de los ingresos, la recaudación de la Agencia Tributaria alcanzó los 194.051 millones de euros, frente a los 212.808 de 2019. Solo aumentó la recaudación en el IRPF, un 1,2% hasta los 87.972 millones de euros, gracias a los esquemas de protección del empleo de los ERTE. En impuesto de sociedades España ingresó un 33,2% menos, hasta los 15.858 millones. La caída en el IVA fue de un 11,5% hasta los 63.337 millones y en los impuestos especiales de un 12,1% hasta los 18.790 millones.
La Administración central soportó la mayor parte del déficit público, con 84.051 millones de euros sin incluir las ayudas financieras que suponen un 7,49% del PIB. El grueso se debió a las transferencias a otras administraciones públicas: 16.000 a las comunidades autónomas; 20.000 millones a la Seguridad Social; y 2.300 millones al SEPE para las prestaciones y las cuotas de subsidios por desempleo.
De este modo, las comunidades autónomas incluso mejoraron su saldo fiscal hasta un déficit del 0,21% del PIB. Hasta nueve comunidades autónomas registraron un superávit.
Mientras, la Seguridad Social incrementó su déficit en 13.826 millones de euros hasta alcanzar un 2,65% del PIB, y las corporaciones locales (ayuntamientos) registraron un superávit de 2.870 millones de euros (0,26% del PIB), 878 millones menos que en el ejercicio anterior.
Para Montero, las cifras de ejecución presupuestaria presentadas hoy muestran el “compromiso” del Gobierno con ciudadanos y empresas durante la pandemia. “Hemos blindado la educación, la sanidad y la protección social”, ha valorado la ministra, que espera que el déficit baje este año con la reactivación económica.
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