Sigue el choque de Escrivá con el BdE: le acusa de ser el único banco central en criticar ligar las pensiones al IPC

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado este jueves que el debate en España sobre actualizar o no las pensiones con el IPC es una «anomalía» del país, ya que ningún banco central europeo, salvo el español, se cuestiona este asunto.

Escrivá, tras reunirse con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado «sorprendido» por que se haya abierto este debate en España, «que no ocurre en ningún país europeo», a pesar de que las pensiones se ligan a la inflación en «todos los países del entorno». «La anomalía era la nuestra con la ley de 2013», indicó el ministro.

De hecho, ha afirmado que el debate en Francia o más recientemente en Austria es la necesidad de adelantar la revalorización de las pensiones ante la actual situación de inflación, algo que considera que no es necesario en el caso de España.

«No conozco ningún banco central de Europa que esté cuestionando el modelo de indiciación de sus países en ningún momento», aseguró el titular de la Seguridad Social, que aseguró que las pensiones se actualizarán de acuerdo con la inflación media del mes de noviembre.

PENSIONES FUERA DEL PACTO DE RENTAS

En este sentido, apuntó que no pueden formar parte de un pacto de rentas, porque no están afectadas por el lado de la oferta, como los salarios o los márgenes empresariales, sino por el lado de la demanda.

Así, volvió a insistir en que la ley de reforma de las pensiones ha tenido un «amplio consenso» y establece un mecanismo de revalorización automática, diseñado para que en situaciones como la actual de alta volatilidad de la inflación, los pensionistas tengan la «absoluta seguridad» de que su poder adquisitivo se mantiene.

Por último, se refirió a la negociación sobre el sistema de cotización de los autónomos y aseguró que el Ministerio está tratando de buscar el «mínimo común denominador» y el «máximo consenso» para cerrar con acuerdo el nuevo sistema, ya que la intención es que dure muchos años.