Escrivá adelanta que 100.000 familias cobrarán el ingreso mínimo vital ya en junio sin pedirlo

Ingreso mínimo vital

Escrivá adelanta que 100.000 familias cobrarán el ingreso mínimo vital ya en junio sin pedirlo

El Gobierno aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario el ingreso mínimo vital.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado hoy que el ingreso mínimo vital que aprobará mañana el Consejo de Ministros se empezará a pagar ya en junio a unas 100.000 familias “de oficio”.

Escrivá, que ha sido entrevistado esta mañana en Onda Cero, ha justificado la medida para que “ninguna familia carezca de recursos necesarios”. Este pago está diseñado para “complementar rentas”, que pueden ser salariales u otro tipo de prestaciones, diferenciando los tipos de familias y la situación en la que se encuentran.

“Es una prestación dinámica”, ha explicado, “se trata de transicionar hacia situación mejor en la sociedad”.

Asimismo, el Gobierno establecerá “un mínimo nacional y después cada comunidad autónoma podrá complementar” según consideren ellos que es su ingreso mínimo. En cuanto al País Vasco y Navarra, ha defendido que “la singularidad foral” hace que puedan tener “un tratamiento distinto en la gestión”.

Para poder acceder a esta prestación “habrá umbral de patrimonio” a partir del cual si se excede no se podrá cobrar, si bien de este patrimonio estará excluida la vivienda habitual. El Gobierno calcula que unas 850.000 familias podrán beneficiarse del ingreso mínimo vital, aunque la intención es pagar “de oficio” ya en junio a las familias más vulnerables.

“Se reconocerá el ingreso mínimo desde junio en su integridad, pero estamos trabajando intentando definir bien los hogares beneficiarios para reconocer la prestación de oficio”, ha explicado Escrivá, “estamos hablando de 100.000 hogares que podrán recibir la prestación sin pedirlo”.

El coste del ingreso mínimo vital ascenderá a unos 3.000 millones de euros anuales. El ministro ha explicado que ese coste saldrá de los Presupuestos Generales del Estado ya que “es una parte de la política social del Gobierno”. Debido a que los de este año están prorrogados se generan créditos extraordinarios, pero Escrivá ha explicado que “ya estamos trabajando en los Presupuestos de 2021”.

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