Casi cuatro años y medio de que fuera aprobado el ajuste y tras un dilatado proceso judicial que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha iniciado ya los trámites para que los trabajadores de Liberbank recuperen el dinero detraído por el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de 2013, anulado por los tribunales.
La Audiencia Nacional se ha dirigido a los sindicatos demandantes “para solicitar los datos de los trabajadores a los que representamos (por haber sido autorizados expresamente por cada uno de dichos trabajadores) en la ejecución de la sentencia que anulaba el primer ERE fraudulento, firmado por Liberbank, CCOO y UGT”, según señala CSI en un comunicado en su página web.
Esta providencia judicial “supone un paso más en este proceso, largo y trabajoso, que nos permitirá recuperar lo que nos estafaron entre unos y otros”, señala la formación sindical, que recuerda que en su momento ya puso a disposición de los empleados un procedimiento para que cada uno conociera las cantidades que le habían descontado en el ajuste y que le debían ser devueltas. En conjunto, los sindicatos demandantes calculan que Liberbank deberá devolver a los empleados unos 65 millones de euros.
La batalla por el ajuste de 2013 ha sido larga. Tal y como ya publicó EL BOLETÍN, tras unas infructuosas negociaciones en mayo de 2013, Liberbank aprobó una serie de ajustes de manera unilateral que motivó que todos los sindicatos presentasen una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, en junio de ese mismo año el banco llegó a un acuerdo con CCOO y UGT para un ajuste que se aplicó hasta diciembre de ese año pero que fue anulado por la Audiencia Nacional por vulnerar la libertad sindical, decisión que refrendó posteriormente el Tribunal Supremo.
La sentencia del Supremo no dio carpetazo al asunto, sino que la interpretación del banco a esta anulación fue que volvían a estar vigentes las medidas aplicadas unilateralmente unos meses antes, lo que hubiese supuesto una devolución a los trabajadores de unos seis millones de euros, frente a la interpretación de los sindicatos demandantes, CSI, CSICA y STC, que reclamaban al menos 65 millones.
La Audiencia Nacional volvió a dar la razón a los sindicatos, que consideraban que estas medidas unilaterales eran ilegales ya que la dirección de Liberbank se había negado a entregar la información solicitada por los sindicatos demandantes durante el proceso de negociación. Sin embargo, el banco volvió a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que finalmente el 21 de junio de este año volvió a dar la razón a los representantes de los trabajadores.
