ERC y Bildu quieren quitar el fuero al Rey emérito y poder fiscalizar a la Casa Real

ERC y Bildu han registrado una proposición de ley en el Senado para reformar hasta tres leyes con el objetivo de quitar el fuero al Rey o la Reina después de su abdicación, despojar a los Reyes en ejercicio de su privilegio de no tener que declarar como testigos en procedimientos judiciales y de fiscalizar las actividades económico financieras de la Corona.

En concreto, plantean introducir modificaciones en los artículos que regulan estos asuntos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Estas dos formaciones, que comparte grupo en la Cámara Alta, persiguen quitar el fuero no sólo al Rey o Reina que abdique sino también que sus consortes dejen de ser aforados cuando su pareja abandone el trono.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, las dos formaciones independentistas recuerdan que el estatuto personal privilegiado del que goza el Jefe de Estado en relación con el deber de prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales -especialmente el deber de acudir al llamamiento judicial en calidad de investigado-, emana de su inviolabilidad, aun no siendo ilimitada, prevista en el artículo 56.3 de la Constitución española.

Para ambas formaciones, la dispensa de determinados deberes constituye un quebranto del principio de igualdad protegido por el artículo 14 de la Constitución y, en particular, del deber constitucional de colaboración con el Poder Judicial establecido en el artículo 118 de la Constitución. “Es por este carácter excepcional que el estatuto no puede desligarse de la condición de Jefe de Estado. La pérdida de dicha condición comporta la pérdida del estatuto y con él, de los privilegios que otorga”, argumentan.

En este contexto, defienden que si abdican tanto el Rey o la Reina como su consorte no deben seguir gozando de los privilegios que se predican del cargo que han abandonado. “La pérdida del cargo debe suponer el retorno a las condiciones aplicables a cualquier ciudadano en términos de derechos y deberes”, platean, abogando así por poner fin a su aforamiento tras la abdicación.

La reforma registrada en el Senado también persigue terminar con la prerrogativa de la que gozan el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe heredero y los Regentes del Reino, en virtud del artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según recuerdan, el legislador ordinario optó en su día por exonerar a las mencionadas personas del deber jurídico que el resto de ciudadanos, nacionales y extranjeros, soportan de concurrir al llamamiento judicial para declarar en calidad de testigos en el marco de un proceso judicial penal.

Se trata, argumentan ERC y Bildu, de una prerrogativa que, a diferencia de la inviolabilidad e irresponsabilidad predicadas en el artículo 56.3 de la Constitución española, es de configuración estrictamente legal, que no deriva de un mandato constitucional. Lo que buscan con su ley es acabar con esta “desigualdad jurídica”, que tachan de “injustificada”.

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