ERC y Bildu piden al Gobierno un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia en tres meses

En la propuesta, recogida por Europa Press, ambas formaciones califican de «escándalo» las inmatriculaciones de la Iglesia Católica –que contabilizan en unos 100.000 bienes en 74 años–, y señalan que ha de ser una «cuestión de Estado» con «una solución global».

A su juicio, esta debe pasar por «deshacer lo malhecho y hacer lo que no se hizo» que es «cancelar de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución»; y «determinar por ley cuáles son los criterios para calificar el patrimonio cultural religioso de dominio público y proceder a su catalogación y registro».

En este sentido, exige que el Gobierno presente a la Cámara baja, en un «plazo improrrogable de tres meses», el listado de los bienes
inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1946 y 2015, «al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria» y «acompañado de sus respectivas notas simples».

Resolución del TEDH

Además, quieren que, en el mismo plazo, el Ejecutivo ordene mediante Orden Ministerial o Decreto «la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la jerarquía católica en cualquiera de sus denominaciones», también, explica, en arreglo del mismo artículo de la Ley Hipotecaria.

«Al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española por flagrante inconstitucionalidad sobrevenida, que además se llevaría a cabo en ejecución de la doctrina y resoluciones vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos» sobre esta materia, recoge la iniciativa.

Para ERC y EH Bildu sería «crucial» y «urgente» que se regulara de forma paralela y mediante ley «los criterios para determinar la naturaleza pública del patrimonio cultural de carácter religioso», así como «practicar el inventario de los mismos en sus distintas categorías» y «proceder a su debida inscripción registral, identificando todos los bienes eclesiásticos desamortizables sobre los que el Estado mantiene su derecho a enajenar para hacerlo constar en el Registro de la Propiedad».

Finalmente y, en un tercer punto de la proposición no de ley, ambas formaciones llaman al Gobierno, en este caso en un plazo de seis meses, a habilitar «los mecanismos oportunos para posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares».