La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Esquerra Republicana (ERC) ha reclamado en el Congreso de los Diputados el traspaso a la Generalitat de Cataluña de la gestión de las prestaciones y subsidios de desempleo ante la «gestión deficiente» que, a su juicio, ha venido realizando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Esta formación ha registrado en la Cámara Baja una proposición no de ley, recogida por Europa Press, en la que critica que el SEPE resulta «incapaz de dar respuestas a las dificultadas planteadas por el gran número de personas en situación de ERTE», convirtiendo, asegura, en «ineficaz para miles de ciudadanos el supuesto ‘escudo social'».
Según lamentan desde ERC, transcurridos casi cinco meses desde el inicio del estado de alarma, aún hay personas que, teniendo derecho, no han cobrado su prestación por desempleo. Sólo en Cataluña, afirman en base a datos de organizaciones sindicales, más de 30.000 personas no habían cobrado en junio prestaciones que les correspondían.
Por otro lado, también critican la «opacidad» con la que ha actuado el Gobierno por no compartir ningún dato oficial sobre personas que han presentado quejas o se han visto afectadas por esta situación, llegando a facilitar la Generalitat un número de teléfono que hasta junio recibió 350.000 llamadas.
Ya transferidas las políticas activas de empleo, ERC argumenta que el traspaso de las políticas activas permitiría fusionar todas las prestaciones, vincularlas a itinerarios de inserción, así como prever intervenciones sociales y de activación laboral.
Por todo ello, ERC reclama que el traspaso incluya la organización y administración de servicios, el reconocimiento del derecho a recibir las prestaciones, el traspaso de la infraestructura necesaria (bienes muebles e inmuebles incluidos), la financiación por parte del Estado de estas obligaciones y la dirección, coordinación y el control de los sistemas de procesamiento de datos, así como de la función interventora en la materia.
Asimismo, esta formación pide reconocer de oficio los intereses de demora en las prestaciones atrasadas, como reconocimiento al perjuicio causado a afectados por esta falta de ingresos y también revertir la decisión del Gobierno de recortar los fondos dedicados a las políticas activas de empleo, que para Cataluña supusieron 215 millones de euros.
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