Energía endurece las normas para proteger a las centrales nucleares y de carbón del cierre

Apenas tres días después de que Iberdrola anunciara su intención de cerrar las dos últimas centrales de carbón que mantiene en España, el Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal ha activado el Real Decreto que endurece los requisitos para la clausura de plantas eléctricas. El Ejecutivo podrá denegar el cierre de una instalación incluso cuando no afecte a la seguridad de suministro, la única condición exigida hasta ahora.

“A diferencia del régimen actual, que solo contempla la seguridad del suministro”, la nueva reglamentación diseñada por el Gobierno requerirá para conceder la autorización de cierre que este no afecte a “los precios y la competencia del mercado eléctrico” y que cumpla con “los objetivos medioambientales y del clima”, señala la cartera liderada por Nadal en un comunicado.

“De esta forma, se denegará el cierre de una instalación cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente”, añade el Ministerio de Energía, que ya ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tras estos criterios se escondería un intento del Ejecutivo de proteger a las centrales de carbón y a las plantas nucleares. Hace menos de un mes el ministro aseguraba en el Congreso que el cierre de las centrales de carbón de España subiría un 15% el precios de la electricidad en los momentos de repunte y el de las nucleares, un 25% a lo largo de todo un año. El argumento ha sido muy criticado desde la oposición.

Con la modificación del reglamento, que tiene carácter retroactivo, el Ministerio de Energía podría bloquear el cierre por parte de Iberdrola de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW), una decisión a reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y que había sido aplaudida por las asociaciones ecologistas.

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