“Entre el 2016 y el 2020 las denuncias por delitos relacionados con la ciberdelincuencia han pasado de 92.716 a 287.963, es decir un 210% y, en concreto, el fraude, dentro de estos delitos, ha ascendido el 267%”, confirma Redondo. Sobre la tipología de afectados,” no hay un patrón específico” asegura, “los que no conocen muy bien las tecnologías van con más cuidado y en cambio usuarios habituales o personas jóvenes son menos precavidos”.
En esta línea Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), asegura que “las personas con discapacidad están más expuestas a este tipo de estafas digitales” y reclama que para proteger a los colectivos más vulnerables “impere el principio de la libertad de elección entre distintas alternativas, efectivas, a criterio de la persona». A tal fin, solicitan “blindar legalmente el uso del efectivo con el fin de que conviva con el dinero electrónico, sin restricciones y sin privilegiar un medio en detrimento de otro”.
La Plataforma Denaria, una plataforma nacida para defender el uso del dinero en efectivo, refuerza esta petición e insiste en que “es importante construir un marco regulatorio que establezca la obligatoriedad de aceptar el dinero en efectivo, como garantía de inclusión social, alternativa de pago, como una infraestructura crítica y esencial para nuestra economía, así como un factor de competencia en una situación de creciente dependencia de los métodos de pago digitales”.
Por su parte, Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), indica que “es imprescindible que el pago tradicional siga existiendo y no se pierda, más sino se está ofreciendo a las personas mayores una formación adecuada y de calidad para estar más protegidos ante los fraudes digitales”.
