Dos manifestantes durante una concentración en la Puerta del Sol contra las agresiones a las personas LGTBI, a 7 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). - Ricardo Rubio - Europa Press
A 35 años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retirara la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, el colectivo LGTBIQ+ enfrenta un contexto internacional marcado por el auge de gobiernos autoritarios y de extrema derecha, que promueven leyes restrictivas y discursos de odio como herramienta política.
Desde All Out y ILGA, dos de las principales organizaciones internacionales de defensa LGTBI, denuncian un deterioro “político y democrático” sin precedentes. Actualmente, 64 países siguen criminalizando la homosexualidad, y varios han aprobado normativas para limitar derechos como el acceso a la salud o la libertad de reunión.
“Los gobiernos están utilizando a las personas LGBT+ para azuzar el odio y avanzar en sus agendas autoritarias”, afirma Matthew Beard, director de All Out
El informe denuncia una auténtica “ola de legislación antiLGTBIQ+” en países como Hungría, donde se han prohibido las reuniones del colectivo y peligran actos como el Orgullo, o Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha restringido el acceso de menores trans a tratamientos de afirmación de género.
En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha limitado la definición legal de “mujer”, generando un vacío legal que incrementa la discriminación, mientras que en EEUU, las decisiones de la administración Trump continúan impactando negativamente en derechos como el acceso al Ejército o a servicios médicos específicos.
Los gobiernos de EEUU, Dinamarca y Reino Unido han aplicado drásticos recortes en la ayuda al desarrollo, lo que ha dejado sin financiación a miles de ONGs que trabajaban con poblaciones LGTBIQ+, en especial en programas relacionados con el VIH.
“Es solo la punta del iceberg”, advierten desde ILGA, al denunciar la interrupción de test, tratamientos y servicios de salud que literalmente salvan vidas
El aumento de crímenes de odio y asesinatos se ha disparado, especialmente contra mujeres trans y mujeres trans racializadas. Según el proyecto TGEU, 2024 registró el mayor número de asesinatos de personas trans (350) desde que hay datos. Latinoamérica y el Caribe concentran el 70% de estos crímenes.
Casos como el de Sara Millerey González, mujer trans colombiana brutalmente asesinada en Medellín, o el de tres mujeres lesbianas muertas en un ataque con cóctel molotov en Argentina, reflejan una alarmante permisividad social ante la violencia.
En Uganda, la aprobación en 2023 de una ley que contempla la pena de muerte por “homosexualidad agravada” ha desatado una ola de violencia sistemática contra personas LGTBIQ+.
“Hemos permitido que la violencia contra las personas LGTBI sea abierta y gratuita para todos”, lamenta Gurchaten Sandhu, de ILGA
Pese al panorama global adverso, hay signos de progreso. Tailandia legalizó el matrimonio igualitario, y países como Dominica, Namibia y Liechtenstein han eliminado leyes discriminatorias o aprobado avances legislativos.
“Incluso en tiempos oscuros, hay lugares donde se avanza. Es una razón para no rendirse”, afirma Beard
Las organizaciones insisten en la urgencia de actuar colectivamente: recuperar la cooperación internacional, revertir leyes antiderechos y construir alianzas con movimientos feministas, indígenas y otras causas sociales también amenazadas.
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