La protección de los ecosistemas marinos vuelve a imponerse frente a los intereses económicos del sector pesquero. El Tribunal General de la UE ha dictado una sentencia clave que confirma la legalidad de la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en zonas ricas en biodiversidad en el Atlántico nororiental, desestimando los recursos presentados por el Gobierno español y organizaciones pesqueras del norte del país.
La norma impugnada por España data de 2016, pero entró en vigor en 2022, cuando la Comisión Europea restringió la pesca con redes y palangres en 87 zonas frente a las costas de España, Francia, Irlanda y Portugal. El objetivo: proteger ecosistemas marinos vulnerables y conservar especies de aguas profundas que se encuentran en grave peligro por la explotación pesquera intensiva.
España alegó que la medida no tuvo en cuenta el impacto económico en los pescadores y cuestionó los métodos científicos empleados por la Comisión para definir las zonas protegidas y las artes de pesca prohibidas. Sin embargo, el Tribunal consideró que, dada la vulnerabilidad de estas especies y ecosistemas, los reguladores no estaban obligados a evaluar el impacto económico ni las alternativas menos lesivas.
La sentencia establece que la presencia de especies protegidas es suficiente para justificar las restricciones impuestas
La sentencia del Tribunal recalca que las zonas fueron designadas por la “presencia probada o demostrable de especies protegidas”, entre ellas alfonsinos, besugos, granaderos y ciertas especies de tiburones, altamente vulnerables debido a su lenta tasa de reproducción.
Además, la normativa prohíbe la pesca por debajo de los 800 metros de profundidad, una práctica especialmente dañina por el arrastre directo del lecho marino.
La Comisión Europea podrá seguir usando los informes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar para definir futuras zonas protegidas
Organizaciones como ClientEarth celebraron la sentencia como una victoria para el medio ambiente y la legalidad. Su portavoz, Francesco Maletto, señaló que “hay demasiadas pruebas de los daños ecológicos de la pesca de arrastre como para ignorarlas” y calificó el fallo como “alentador” para las múltiples causas abiertas en otros países europeos.
Estas organizaciones han denunciado ante la UE y tribunales nacionales la inacción de los gobiernos en la protección efectiva de las zonas marinas protegidas, señalando que ningún país comunitario cuenta con una hoja de ruta clara para eliminar el arrastre de fondo en estos espacios.
La decisión judicial refuerza los esfuerzos para preservar la biodiversidad marina en toda la Unión Europea
La creciente presión social y mediática contra la pesca de arrastre ha cobrado fuerza tras la emisión del documental Océano con David Attenborough, cuyas imágenes generaron un fuerte impacto público. Durante la Conferencia de la ONU sobre los Océanos, celebrada esta semana en Niza, países como Francia y Reino Unido se comprometieron a adoptar medidas más estrictas contra esta práctica.
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