En su informe de los años 2018 y 2019, aprobado el pasado jueves, la institución fiscalizadora ya adelantó que Vox, Más País, Més per Mallorca y el PDeCAT podrían haber incumplido la ley en materia de donaciones, por lo que se plantea la apertura de un expediente sancionador por infracción muy grave y, en su caso, la imposición de multas.
En el documento remitido al Congreso y recogido por Europa Press, el tribunal señala que en 2018 y 2019 Vox ingresó 22.338,45 y 354.089,45 euros que “corresponden fundamentalmente a ingresos procedentes de la venta de productos promocionales y a la venta de participaciones de lotería”. Se trata de ingresos en efectivo sin identificar, en su mayor parte de importes inferiores a 300 euros (el 80% en el ejercicio 2019).
Pero Vox no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales ni las de participaciones de lotería, por lo que, de esas cifras, “el importe no acreditado en concepto de ingresos por actividades promocionales a 20.601,04 euros en 2018 y a 311.947,05 euros en 2019”.
“Existe una incertidumbre relativa”
La institución que preside Enriqueta Chicano detalla que esos más de 330.000 se ingresaron en cajeros automáticos y, aunque quedaron registrados como actividades promocionales, “existe una incertidumbre relativa a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos”.
Por eso, se recomienda a los de Abascal que, “a fin de poder comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, el partido debería establecer un procedimiento que garantice la justificación y transparencia de este tipo de ingresos”.
Porque ya avisa de que “la aceptación de donaciones o aportaciones que contravengan las limitaciones y requisitos establecidos en los artículos 5 y 8 de la Ley Orgánica de Financiación de Partido Políticos (LOFPP) podría constituir una irregularidad sancionable tipificada en el artículo 17 de dicha Ley”.
En cuanto a las aportaciones finalistas que el Tribunal ve sospechosas, se apunta a 120.482,93 euros recaudados en 2019 para la causa “Ayúdanos con la fianza Borja”, una campaña que Vox emprendió para ayudar a un joven que se enfrentaba a dos años de prisión y a una multa de 180.000 euros por la muerte de un ladrón en 2015, y otros 31.664,80 euros para interponer una querella contra Quim Torra.
Ley de Financiación de Partidos
El problema es que la Ley de Financiación de Partidos indica en su artículo 5 que los partidos no pueden aceptar donaciones finalistas, pero Vox entiende que fueron aportaciones ‘online’ en las que cada donante debía marcar una casilla en la que declaraba expresamente cumplía con la previsión legal de hacer aportaciones para actividades propias del partido.
Pero el Tribunal de Cuentas sostiene que Vox había realizado otras campañas de recaudación para una finalidad específica y las computó de forma diferenciada del resto de las donaciones. Por ello, apunta al riesgo de incurrir en “una irregularidad sancionable”.
Una vez aprobado el informe, el Tribunal de Cuentas se dirigirá individualmente a Vox y al resto de partido con ingresos ‘sospechosos’, para intentar aclarar esas aportaciones y, si mantiene sus dudas, procederá a abrir un expediente sancionador por presunta infracción muy grave y, en su caso, impondrá una sanción.
