Interior del Congreso de los Diputados
El PP ha pedido este martes la dimisión de Albert Rivera como presidente de Ciudadanos por el informe que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios 2014 y 2015, en los que suspendió la financiación del partido naranja. Sin embargo, los populares parecen haber olvidado que no recibir el visto bueno del Tribunal de Cuentas no es un delito porque así lo decidió el propio PP en 2015.
Eran los estertores de la mayoría absoluta del PP en el Congreso. Año 2015. El Partido Popular decide realizar una reforma legal con la que imposibilita la catalogación como delito al hecho de que el Tribunal de Cuentas no de ‘luz verde’ a las cuentas de un partido político.
Un informe del tribunal hecho público a finales de 2017 dejó en evidencia las cuentas de Ciudadanos, Izquierda Unida, y Compromís, entre otros. A eso se agarra el PP para solicitar la dimisión de Rivera.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha recordado a sus señorías del PP que la formación naranja no ha incurrido en un delito porque así lo decidieron los partidos en 2015.
Eso sí, Álvarez de Miranda ha lanzado un órdago al partido del Gobierno para que modifiquen la ley: “Está en su mano cambiarlo”, ha afirmado en la Comisión Mixta del Congreso, según declaraciones recogidas por Europa Press.
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