Esparraguera
La sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas señala al Ayuntamiento de Esparreguera (Barcelona) por presuntas irregularidades contables durante la legislatura de 2011 a 2015.
El Boletín Oficial del Estado de este martes 23 de enero de 2018 revela que el Tribunal de Cuentas acusa al consistorio de Esparreguera de haber dejado de ingresar (en la legislatura anterior) en las cuentas del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona el dinero abonado por los contribuyentes del municipio que debía haber ido a parar a las arcas de la diputación.
Sin embargo, tal y como señalan fuentes del municipio a EL BOLETÍN, esa acusación es un «despropósito».
El Ayuntamiento de Esperreguera tiene delegado el cobro de los impuestos municipales a la Oficina de Gestión Tributaria, organismo que depende de la Diputación de Barcelona. Según fuentes municipales, los cobros no reflejados en la contabilidad, que se remontan al mandato 2011-2015, fueron realizados presuntamente por una funcionaria de la oficina de gestión tributaria que actualmente está siendo investigada por estos hechos.
Según la versión del ayuntamiento, esa funcionaria no declaró los impuestos pagados por los habitantes de Esparreguera, lo cual provocó la domiciliación de los tributos a numerosos vecinos que ya habían pagado en efectivo en la oficina de gestión tributaria y, en muchos otros casos, la recaudación de unos impuestos que no quedaron trasladados en la contabilidad municipal.
Según apunta el consistorio, esa funcionaria está siendo investigada por presunta malversación. De hecho, tal y como aseguran a EL BOLETÍN, la Diputación de Barcelona abonó 13.000 euros al ayuntamiento de Esperreguera «por presunta malversación de la funcionaria». En ese sentido, el municipio ha pedido al Tribunal de Cuentas que rectifique su comunicado.
Además de esta investigación, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tiene abierto otro proceso en el Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas) por un posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de 813.437,89 euros como consecuencia de la existencia de un saldo deudor no justificado en la tesorería del consistorio.
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