El Tribunal recuerda que a pesar de que la superficie que se destina a la agricultura y la cubierta por bosques son semejantes, la financiación de zonas forestales de la UE es menor que la destinada a la agricultura.
Por otra parte, afirma que las actividades relacionadas con la silvicultura reciben una financiación de la UE que representa menos del 1 por ciento del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) y que se centra en apoyar las medidas de conservación y los subsidios a plantación de restauración de los bosques. Además, precisa que el 90 por ciento de la financiación que sustenta a la silvicultura por parte de la UE la recibe solo a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
En el informe del Tribunal de Cuentas se confirma que ciertas políticas de la UE tratan la biodiversidad y el cambio climático, pero con un efecto «limitado». El Tribunal expone el caso de la tala ilegal de árboles que, según apunta, se sigue produciendo aunque la UE prohíbe la venta de madera y productos derivados obtenidos y de la tala ilegal.
Igualmente, señala que hay «insuficiencias» a la hora de aplicar el Reglamento por parte de los Estados miembros de la UE, y denuncia la falta de «controles eficaces» de la Comisión. Y, aunque destaca la «potencial» labor del seguimiento que hace la teledetección (datos de observación de la Tierra, mapas y fotografías, geoetiquetados), afirma que la Comisión no usa esta herramienta de forma sistemática.
Pese a que la UE adopta medidas para enfrentarse a la deficiencia que existe en biodiversidad y conservación de los bosques, el informe indica que la calidad de esas medidas es «problemática» ya que buscan mantener el estado de los bosques y no restaurarlos.
Por último, subraya que las medidas de desarrollo rural apenas han tenido impacto en la biodiversidad forestal y la resistencia al cambio climático, todo ello debido al «modesto» gasto en los bosques que se realiza, que es de un 3 por ciento del gasto en desarrollo rural en la práctica.
Con solo un plan de gestión forestal, el auditor europeo afirma que existen pocas garantías de que esta financiación sea destinada a prácticas sostenibles. Asimismo, apunta que la UE no mide los efectos de las medidas forestales en biodiversidad y cambio climático.
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