Sede de la Comisión Europea
Un dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo alerta que en 30 años apenas se ha revisado la financiación de la Unión Europea. Los auditores consideran que los ingresos de la UE no están fundamentados en hipótesis rigurosas.
“En 30 años no se ha revisado en profundidad la financiación de la UE”, afirma Eva Lindström, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.
El dictamen del órgano auditor es una respuesta a la idea lanzada desde la Comisión Europea para modificar el próximo marco financiero plurianual 2021-2027.
En la propuesta de la Comisión se mantienen los derechos de aduana, pero se reduce el tipo de retención en concepto de los gastos de recaudación aplicado por los Estados miembros, se mantiene la contribución basada en la RNB como fuente significativa de ingresos, y se simplifica el componente IVA.
A estos tres componentes, que constituirían el 87 % de los ingresos de la EU, se añadirán tres nuevos recursos propios basados en una nueva base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades de la UE, en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y en los residuos de envases de plástico que no se reciclan.
No obstante, los auditores consideran que el sistema previsto en la nueva propuesta no está fundamentado en hipótesis totalmente rigurosas y sigue siendo complejo.
“Algunos elementos de la propuesta, como la simplificación del componente IVA y la supresión gradual de las correcciones, contribuirán a simplificar el sistema, pero, en general, el sistema propuesto sigue siendo complejo y, a nuestro modo de ver, las hipótesis que lo sustentan no siempre tienen una base sólida”, asegura Lindström.
Los problemas de la Comisión
El Tribunal de Cuentas Europeo ha identificado algunos problemas en la propuesta de la Comisión. Por ejemplo, “la propuesta de impuesto sobre sociedades depende de la adopción de la Directiva sobre fiscalidad a escala europea y nacional y, en el mejor de los casos, se irá integrando durante varios años en el nuevo período presupuestario”.
A juicio de los auditores, la propuesta basada en las emisiones “no aporta incentivos adicionales para que los Estados miembros reduzcan los gases de efecto invernadero y es inestable, ya que los precios de los derechos de emisión son muy volátiles”.
Además, el Tribunal considera necesario contar con datos “de mayor calidad para calcular los ingresos propuestos basados en los residuos de envases de plástico, y en el análisis deberían tenerse en cuenta los cambios en el comportamiento”.
Por otro lado, las hipótesis en las que se basa el régimen de IVA simplificado “son contrarias a algunas de las medidas adoptadas por la propia Comisión para calcular dicho recurso”.
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