Los errores a la hora de contratar siguen produciéndose en el Gobierno de Mariano Rajoy. Así lo ha constatado el Tribunal de Cuentas que, pese a aprobar el informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios y sus Organismos dependientes en 2014, ha descubierto una “serie de incidencias”. Y entre estos episodios, el órgano ha puesto la mirada sobre la falta de justificación para sacar a concurso “numerosos expedientes”.
Un informe del Tribunal de Cuentas donde ha apreciado un “avance en el grado de cumplimiento” de las recomendaciones que lanzó sobre la contratación en 2013. Sin embargo, el órgano fiscalizador ha lamentado que el Ejecutivo sigue sin tratar de evitar algunos vicios que ya se señalaron, “como es la relativa a la adecuada justificación sobre la necesidad de los contratos y la relativa al mayor seguimiento de la ejecución de los contratos”.
Y es que las objeciones del Tribunal de Cuentas no han cambiado de un año a otro. Mientras que en 2013 se denunciaba que en “algunos expedientes” no se justificaba “de forma adecuada la necesidad del objeto del contrato”, en 2014 el órgano ha preferido hablar de “numerosos expedientes” donde se han detectado estas deficiencias. Asimismo, en este último estudio, el organismo ha recalcado que “en otros casos” de contratación “no hay constancia de la documentación que acredite que el contrato ha sido realizado a satisfacción de la Administración”.
De hecho, en una muestra de 120 expedientes fiscalizados, la institución ha apreciado que en 104 “no figura una memoria o un documento de carácter económico que justifique la razón por la que se ha fijado el presupuesto determinado”. Un requisito que es “necesario” como se puede leer en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Una auditoría del Tribunal de Cuentas que no se queda únicamente en cómo se adjudicó un contrato en los Ministerios y en los Organismos dependientes, sino que también ha señalado que no se ha controlado a quién se le ha encargado los trabajos. “No se estableció adecuadamente la forma en la que los acreedores deben acreditar su solvencia”, ha apostillado el órgano fiscalizador.
Al igual que en 2013, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como exige la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, ha brillado por su ausencia: “No se establecieron en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo”.
Por todo ello, las recomendaciones que ha emitido el Tribunal de Cuentas podría ser perfectamente un ‘corta y pega’ del informe que analizó la contratación de 2013. El organismo ha aconsejado que las memorias justificativas de la necesidad de la contratación “deberían determinar, con detalle y precisión, cuáles son las necesidades reales” a la hora de sacar un concurso, “en lugar de meras referencias genéricas”.
De la misma manera, otro de los consejos gira en torno a realizar un “mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos”. Incluso, el Tribunal de Cuentas, como detectó en 2013, habla de que, “en caso de incumplimiento”, dar paso a “la imposición de penalidades o sanciones pecuniarias”. Y, por último, la institución ha recomendado que se apueste definitivamente por “la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tendentes a promover dicha igualdad a través de la contratación, sin perjuicio de su carácter potestativo”.
El Congreso también exige tumbar estos errores
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 9 de febrero de 2017, también quiso valorar la auditoría del organismo, aunque tenía en su mano el de 2013. Aun así, el Congreso de los Diputados procedió a instar al Ejecutivo de Rajoy a «cumplir con la legislación de contratación». Para ello, los diputados reclamaron que se tomen las «medidas oportunas para solucionar «los futuros contratos las prácticas o deficiencias que se han puesto de manifiesto en este informe y en anteriores informes por el Tribunal de Cuentas».
A su vez, los parlamentarios presentes en la Comisión Mixta aprobaron instar al Gobierno a que realice un «adecuado cálculo de los presupuestos de licitación», así como «establecer de forma adecuada la menra en la que los licitadores deben acreditar su solvencia». En cuanto a las obligaciones que exigen a los Ministerios del área política-administrativa del Estado y sus Organismos dependientes a que sean «más concretos en la justificación de contratar» y que los expedientes se acompañen «una memoria o documento de carácter económico que justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado y no otro mayor o menor».
Y como ha realizado el Tribunal de Cuentas en el informe de 2013 y 2014, la Cámara Baja pidió al Ejecutivo «que se establezcan condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres».
