Como ha adelantado ‘eldiario.es‘, el tribunal ha archivado el procedimiento al constatar que los contratos investigados –que el consistorio concedió en 2016 y sin concurso público al ser contratación menor– no han causado «perjuicio alguno» a las arcas municipales.
El procedimiento empezó por un informe de la Fiscalía sobre contratación menor en municipios de más de 500.000 habitantes, que detectó en Barcelona algunos contratos supuestamente mal justificados.
Sin embargo, el instructor del Tribunal de Cuentas constató después que el Ayuntamiento ya había solventado la falta de documentación en casos concretos y no vio «supuesto alguno de responsabilidad contable».
Al revisarlo, el fiscal coincidió con el Tribunal de Cuentas y constató que «en todos los contratos cuestionados ha tenido lugar la realización efectiva de las prestaciones contratadas a satisfacción de la administración local, no habiéndose producido como consecuencia de los mismos menoscabo a los fondos del Ayuntamiento».
