El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de inconstitucionalidad de Vox y PP contra la ‘ley rider’
Ley de riders

El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de inconstitucionalidad de Vox y PP contra la ‘ley rider’

En nota de prensa, recuerda que los recurrentes consideran que la norma impugnada carece del presupuesto habilitante del artículo 86.1 de la Constitución referido a la extraordinaria y urgente necesidad.

Varios 'riders' participan en una manifestación / Foto: Rober Solsona - Europa Press
Varios 'riders' participan en una manifestación de repartidores a domicilio - Rober Solsona - Europa Press

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el partido político Vox y por el Partido Popular (PP) contra el decreto-ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como la ‘ley rider’, y que obliga a esas empresas de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.

En una providencia del TC, se indica que sendos recursos fueron presentados por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El tribunal de garantias ordena dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

En nota de prensa, recuerda que los recurrentes consideran que la norma impugnada carece del presupuesto habilitante del artículo 86.1 de la Constitución referido a la extraordinaria y urgente necesidad.

«En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general», reza ese artículo concreto.

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