El Boletín Oficial del Estado del 11 de diciembre de 2017 comparte el informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Parla realizado por el Tribunal de Cuentas y aprobado en Comisión Mixta el pasado 26 de septiembre. En ese informe, el Tribunal confirma que el tranvía de Parla acabó costando, vía sobrecostes, 130 millones (más intereses). Una cantidad que supera la invertida para la construcción del Guggenheim de Bilbao.
El contrato del Tranvía de Parla fue adjudicado a un consorcio compuesto por Acciona, FCC, Detren y Caja Castilla-La Mancha por un presupuesto de la inversión de 93.545.800 € y unas tarifas unitarias de 8 €/km-tren y de 0,90 € viajero. Sin embargo, una serie de modificaciones efectuadas al proyecto inicial generaron, en su conjunto, un incremento del coste de las obras de 36.097.294 €, IVA no incluido, lo que representó el 38,6% sobre el coste inicial.
Según los estudios realizados al tranvía ejecutado por Tomás Gómez (PSOE) en la alcaldía de la localidad madrileña, hasta 2014 (las obras comenzaron en 2006), Parla llevaba pagados 180,5 millones. Y deberá seguir pagando hasta 2037.
Las obras del Guggenheim de Bilbao, ya pagadas, no superaron los 133 millones de euros.
A pesar de los sobrecostes, el tranvía de Parla ya había comenzado de manera errática. Entre otras cosas, no consta que se realizaran estudios previos en los que se analizara comparativamente el tranvía frente a otras posibles alternativas de transporte y se estimaran los respectivos costes, con valoración de la más favorable y sostenible para la ciudad de Parla.
Además, en lo referente al ámbito económico-financiero, los informes encargados por el municipio no valoraron el posible coste de la inversión para la Administración, ni la rentabilidad de negocio, según denuncia el Tribunal de Cuentas.
En ese sentido, el órgano fiscalizador recomienda “mayor rigor” en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos que se celebren, a fin de evitar modificaciones en los mismos derivadas de deficiencias en dichas fases o de causas que no respondan a las previstas legalmente y que, frecuentemente, implican incrementos de costes y desviaciones temporales que desvirtúan las condiciones en las que fueron originariamente licitados.
“Esto redundará en la mejora de la economía y en la eficacia de la gestión de los recursos públicos, así como en beneficio de los principios de igualdad, transparencia y objetividad que han de presidir la contratación administrativa”, afirma el Tribunal de Cuentas.
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