Monedas y billetes
El Tesoro Público ha colocado este jueves 1.403 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho cobrando a los inversores por el bono a 10 años por primera vez en la historia.
En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 921 millones de euros en una obligación a 10 años y ha situado el interés marginal en el -0,016%, la primera rentabilidad negativa de esta referencia de toda la historia. De hecho, en la subasta previa del mismo bono, celebrada el pasado 1 de octubre, el interés se situó en el 0,230%.
A pesar de los tipos negativos y en un año marcado por la incertidumbre derivada de la pandemia, los inversores han seguido confiando en los títulos de deuda española, ya que la demanda conjunta de las dos referencias subastadas este jueves ha superado los 3.700 millones de euros, muy por encima de lo finalmente adjudicado en los mercados.
Esta nueva subasta, la primera tras la aprobación la semana pasada de los Presupuestos en el Congreso y la penúltima que celebrará el Tesoro en 2020, se produce en un contexto de incremento de las necesidades de financiación de España por los mayores gastos y menores ingresos derivados del Covid-19, que llevó al organismo a elevar el importe adjudicado en los mercados.
Además de los casi 1.000 millones captados con el bono a 10 años, el Tesoro ha adjudicado también 482 millones de euros en una obligación a 10 años indexada a la inflación de la zona euro y el interés marginal se ha colocado en el -1,147%, más negativo que el -0,768% marcado el pasado 6 de agosto.
La emisión de este jueves será la penúltima del año, ya que tras la última reducción de emisiones de su programa, el Tesoro no convocará la subasta de bonos y obligaciones prevista para el jueves día 17, por lo que la última subasta del año será la del martes día 15 de letras a 3 y 9 meses.
A pesar de las consecuencias de la crisis del Covid-19 desde el mes de marzo, los inversores han mantenido su confianza en la deuda pública española, marcando mínimos en los tipos y reduciendo los costes hasta tasas históricos del 1,85%, en paralelo a un alargamiento de la vida media de la cartera, hasta los 7,82 años.
El programa de financiación del Tesoro para 2020 fue revisado por primera vez en mayo al alza en 100.000 millones como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19, pero se varió de nuevo el pasado 8 de octubre para reducirse en 15.000 millones, sumándose ahora otra nueva rebaja de 5.000 millones.
De este modo, sobre la previsión de emisión neta de 130.000 millones anunciada en mayo para hacer frente a las necesidades adicionales motivadas por el Covid-19, la emisión neta se situará en 110.000 millones de euros y la emisión bruta en unos 277.000 millones de euros.
Estas menores necesidades de financiación se explican por una evolución de los ingresos más favorable que la prevista a principios de octubre, con mayores ingresos tributarios ante la recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre. Además, las amortizaciones anticipadas por parte de las CCAA de préstamos de los Fondos de Financiación han continuado.
Conforme a las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la emisión bruta por parte del Tesoro Público registrará el próximo año una nueva cifra récord de 299.138 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior.
El endeudamiento neto del Tesoro Público en 2021 ascenderá aproximadamente a 110.000 millones de euros; las letras aportarán alrededor de 10.000 millones de financiación neta, mientras que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de deudas en euros y en divisas, aportarán los restantes 100.000 millones para cubrir la totalidad de las necesidades de financiación neta previstas.
Además, el Tesoro Público realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, que se prevé que sea sindicada y de entre 5.000 y 10.000 millones de euros, según «el apetito» que presente el mercado en ese momento, aunque con la intención de alcanzar un nivel de liquidez de 20.000 millones a largo plazo con sucesivas reaperturas.
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