La sentencia declara inconstitucionales y nulos varios de los artículos de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, recoge en un comunicado. La sentencia, detalla el tribunal, explica que dichos preceptos suponen una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado.
Las reacciones no se han hecho esperar y el PP catalán ha afirmado que “el intervencionismo de la Generalitat iba a provocar una mayor dificultad para el acceso a la vivienda”. “Gracias al recurso del Partido Popular, será más fácil tanto la propiedad como el alquiler de una vivienda en Cataluña”, ha destacado en un mensaje en sus redes sociales.
Por su parte, el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas), impulsores de esta ley, ha criticado que el Constitucional “tumbe las decisiones del Parlament de Cataluña y recorte el derecho a la vivienda en beneficio de los intereses del lobby inmobiliario”.
“La regulación de alquileres es una herramienta efectiva para bajar el precio de los alquileres y ha beneficiado a más de 160.000 inquilinos en el último año, bajando los alquileres una media del 5% en las ciudades reguladas, donde vive el 70% de la población catalana”, ha destacado.
