Taxi de Sevilla
«Vamos con ánimo triste, enfadados, molestos. Vamos a protestar con todas nuestras fuerzas», ha resumido en declaraciones a Europa Press el presidente de la Federación de la Asociaciones de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, que ha remarcado el carácter «pacífico» de la convocatoria.
La marcha arrancará a las 17,00 horas desde la parada de taxis del Estadio Olímpico en dirección al Parlamento andaluz, donde se concentrarán mientras se desarrolla el Pleno. «Ante la corrupción política. El taxi no se rinde», reza el lema de la protesta, que será la cuarta que se desarrolla este mes contra la iniciativa de la Junta, a razón de una por semana, y que en esta última convocatoria está marcada por la desilusión al ver aprobado el decreto en términos con los que no están de acuerdo.
Ruano ha enfatizado a este respecto que además de la movilización que puedan exhibir este miércoles, seguirán trabajando para levantar «otras acciones reivindicactivas» e incluso abrir la vía judicial, una opción que valoran desde hace días, cuando subieron de tono los desacuerdos entre las partes.
Unas diferencias que no se han resuelto antes de la aprobación del decreto. Finalmente la norma, que según la Junta busca dar «seguridad jurídica», ha sido aprobada este martes con solo dos peticiones del sector del taxi fuera de su texto definitivo: la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales concedidas a los VTC.
En concreto, el Decreto ley establece que no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado y solo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis.
Además, se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.
La norma también prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario solo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate.
La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en los momentos de gran demanda. Se podrá establecer una tarifa máxima por proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios.
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