Así lo manifestó este miércoles el presidente de la FPTM, Julio Sanz, tras conocerse la nueva medida anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la que pretende ampliar los turnos de trabajo del sector del taxi a 24 horas diarias y que ha propiciado que soliciten la instalación de estos dispositivos que registran los usos y descansos del vehículo.
Según señaló Sanz en una nota, “además de ser una medida que no ha sido solicitada ni avalada por la mayoría del sector, al que ni se ha consultado ni informado sobre ello, supone un peligro para el estado de los vehículos y la calidad del servicio pues en 24 horas podrían trabajar hasta tres conductores, tanto en los taxis como en las VTC que tengan trabajadores asalariados contratados, algo que dudamos que las grandes empresas de VTC vayan a estar comprometidos con cumplir”.
En este sentido, insistió en que, para el taxi, formado en su gran mayoría por autónomos, supone “una losa más en la supervivencia del sector que lleva años agonizando las consecuencias de las decisiones de un gobierno regional que premia los intereses de unas pocas multinacionales en detrimento de un servicio público”, aseveró.
En paralelo, la asociación ha promovido, junto a Unidas Podemos y el apoyo de hasta 55 diputados del Congreso de otros partidos políticos, un recurso de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, conocida como ‘ley Uber’, por evasión de competencias municipales y estatales y discriminación en contra del taxi.
Según la FPTM, esta reforma habilita a las VTC a que tengan autorización nacional domiciliada en la Comunidad de Madrid para realizar actividad urbana en todos sus municipios, algo que invadiría competencias municipales pues son estos los encargados de otorgar licencias de taxi y autorizaciones VTC.
A su juicio, “las leyes que aprueba este equipo de gobierno no tienen recorrido legal, rozando en algunos casos la prevaricación, y aunque caerán una a una en los tribunales, esta última reforma es sin duda la mayor chapuza normativa que ha vivido el sector en los últimos 40 años y haremos lo posible para que no salga adelante”.
