Tribunal Supremo
Los magistrados han acordado abordar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión ‘Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad’, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En un auto de 16 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado sobre la competencia y ha ordenado remitir el caso a la Sección Cuarta “para que continúe la tramitación” del procedimiento.
Según consta en la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, la Comunidad de Madrid, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han coincidido en que el Supremo es el órgano competente para abordar la cuestión.
Fue el pasado enero cuando el Gobierno autonómico anunció que presentaría recurso contra el Ejecutivo al considerar que ha repartido de forma “arbitraria” los fondos europeos.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que en el equipo autonómico se llevaron una “sorpresa” en octubre, cuando el Consejo de Ministros asignó a País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura una cantidad “al margen del reparto aprobado” y sin que existiese “ninguna razón” que explicase por qué la recibieron “más allá del cauce” establecido. Para Lasquetty, el Ejecutivo distribuyó los fondos “a quien ha considerado, sin procedimiento y con falta de transparencia”.
En febrero, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid presentaron el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, quien declaró su falta de competencia para tomar conocimiento del caso y envió la documentación al Supremo.
Ahora, los magistrados del Alto Tribunal han confirmado que será este órgano el que se pronuncie sobre las presuntas irregularidades apuntadas por el Gobierno de Díaz Ayuso.
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