La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión “al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”.
El alto tribunal se pronuncia así después de que el partido presentara ayer su querella de 97 de folios, en la que solicitaba como medida cautelarísima la suspensión del debate de investidura fijado para este miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados.
El Supremo ha dictado una providencia en la que designa como ponente al magistrado Eduardo de Porres y da un plazo de cinco días a Vox para que aporte poder especial donde conste contra quién va dirigida la querella y el delito, según Europa Press.
En su querella presentada ayer, Vox asegura que era pertinente paralizar el debate de investidura de Pedro Sánchez porque le resulta “evidente” que “si no se conoce con exactitud la manera en la que se ejecutará el contenido del acuerdo” del PSOE con Junts –que incluye la ley para amnistiar una década del ‘procés’—“no podrá evitarse que se obtenga su finalidad”.
Desde el partido dicen que dicha ley de amnistía supondrá una “intromisión en las funciones constitucionales de jueces y tribunales, vulneración de la igualdad de los españoles ante la ley” y “vulneración de la tutela judicial efectiva”.
Así las cosas, la formación incide en que está “en peligro” el sistema democrático y que, por ello, no hay “nada más urgente que adoptar las medidas propuestas”. Y subraya que en caso de suspenderse el debate “ningún perjuicio sufrirá el Estado de Derecho y la democracia pues en todo caso la consecuencia será llamar de nuevo a las urnas al pueblo español”.
Ahora, tras rechazar paralizar de forma cautelar la investidura, queda pendiente que el Supremo se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella. En declaraciones a los medios de comunicación, el líder de Vox, Santiago Abascal, dijo ayer que confiaba en que los magistrados utilizasen “todas las herramientas legales” a su disposición para “detener este golpe”.