Tribunales

El Supremo ratifica la condena al Ayuntamiento de Boadilla por acoso laboral a Ana Garrido

El alto tribunal rechaza el recurso del consistorio, que deberá abonar más de 96.000 euros a la denunciante del 'caso Gürtel'.

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Boadilla a pagar una indemnización por acoso laboral a Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel. El fallo judicial, que ya es firme, obliga al consistorio a abonar más de 96.000 euros a esta extrabajadora.

Así lo señala un auto de la Sala de lo Social del alto tribunal, según Europa Press, por el que inadmite el recurso interpuesto por el ayuntamiento contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del juzgado de lo Social número 2 de Móstoles. El TSJM confirmó la sentencia que condenó al consistorio a abonar 96.314,15 euros a Garrido por la “extinción del contrato de trabajo” y por “daño moral”.

El Supremo, en su resolución, señala que la sentencia de primera instancia constataba como hechos probados la negativa del edil de Juventud, Deportes, Empleo y Formación a reunirse con la trabajadora por la paralización del desarrollo del Plan Integral de Juventud. “Además de la manifestación hecha por el concejal que le dijo a la actora que se lo iban a hacer pasar mal y que el motivo por el cual estaba paralizado el plan era porque querían que se cansara”, recoge el fallo judicial, según la mencionad agencia.

Asimismo, el Supremo detalla que la empleada sufría una situación de ansiedad que se producía mientras estaba de alta en el trabajo y mejoraba cuando estaba de baja.”La Sala concluye que dicha situación la causa el empleador y su delegados, que es a los que corresponde organizar el trabajo, por lo que el mal uso de esta facultad, que ha producido un daño físico y moral de una persona en concreto produce y conlleva la obligación legal de reparar el daño causado”, se afirma en la sentencia.

Ana Garrido, tras la decisión del Supremo, ha recordado que este “calvario” se ha prolongado durante 10 “largos años” en los que se negó a firmar “las irregularidades” que se ponían sobre la mesa desde el etapa del exalcalde de Arturo González Panero, imputado en el Gürtel.

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