Tribunal Supremo
Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deben resolver sobre la reapertura o no de la querella que IU y el PCE, entre otros, presentaron contra el rey emérito por la supuesta comisión de 13 delitos han decidido pasar las actuaciones “al Ministerio Fiscal para que informe sobre competencia y contenido de la querella formulada”.
Así se recoge en la diligencia del Alto Tribunal que han recibido los querellantes, firmada por Manuel Marchena en su calidad de presidente y en nombre del resto de magistrados que entienden de este asunto, tal y como informa Izquierda Unida. Además, la misma sala ha remitido también otra diligencia, en este caso de ordenación, en la que da “por recibido el escrito de ampliación de querella”, que la coalición y el PCE presentaron ante esta instancia judicial el pasado 16 de diciembre.
En la primera de las resoluciones mencionadas se informa a su vez a los querellantes de que “se tiene por consignada, en plazo, la fianza por importe de 12.000 euros que le fue impuesta para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa y se declara bastante”. A partir de ahí, y a la espera de lo que informe la Fiscalía sobre el caso, la Sala Segunda indica que da “por formulada querella contra D. Juan Carlos de Borbón y Borbón y otros al que se atribuye la presunta comisión de, entre otros, un delito de cohecho y otros”.
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, depositaron a comienzos de diciembre la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre para poder ejercer la acusación popular. El Supremo reactivaba así las diligencias relativas a esta causa especial después de que los querellantes hubieran solicitado su reapertura el pasado mes de julio.
En relación al segundo de los escritos que los querellantes han recibido en los últimos días, la Sala Segunda del Supremo, además de dar “por recibido el escrito de ampliación de querella” registrado hace menos de dos semanas, señala también que “estando la causa pendiente de que se emita informe por el Ministerio Fiscal, dese traslado al mismo de esta ampliación”.
La querella inicial está dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra Corinna Larsen, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. La reciente ampliación completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Menzoda, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.
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