Tribunal Supremo
El juez considera que existen indicios suficientes de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y traslada el caso al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares para que formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.
La resolución judicial marca un giro clave en la llamada pieza principal del conocido caso Koldo, que investigaba las presuntas comisiones derivadas de la venta de material sanitario durante el confinamiento
Con la emisión del auto, el instructor declara concluida la fase de instrucción y abre la puerta a la siguiente etapa: la posibilidad de juicio. En ella, el fiscal y las acusaciones cuentan con un plazo común de diez días para decidir si acusan, piden el archivo o reclaman nuevas diligencias.
| Etapa procesal | Plazo o condición |
|---|---|
| Traslado al fiscal y acusaciones | 10 días |
| Posibles actuaciones | Acusación, sobreseimiento o diligencias complementarias |
| Próximo paso | Auto de apertura de juicio oral si hay acusación |
En la calificación provisional, el magistrado apunta a delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y malversación. Los hechos investigados se centran en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia, supuestamente a través de empresas vinculadas a García Izaguirre y De Aldama.
La evolución del caso coloca de nuevo el foco político sobre Ábalos y reabre el debate sobre las responsabilidades derivadas de la gestión de emergencia sanitaria
El procedimiento abreviado no implica todavía apertura de juicio oral, pero confirma que el instructor ve indicios consistentes para continuar el proceso. Si el Ministerio Fiscal formula acusación, el caso pasará a la siguiente fase judicial, en la que se fijarán los delitos concretos y las penas solicitadas.
El auto de Leopoldo Puente marca un antes y un después en la instrucción del caso Koldo. En los próximos días, la Fiscalía deberá definir si lleva a juicio al exministro y a sus colaboradores o si propone el archivo. La decisión determinará el futuro de una de las causas más sensibles sobre la gestión de los contratos de emergencia durante la pandemia.
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