De esta forma, el magistrado Leopoldo Puente ha accedido a la petición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción para los dos, a la que se han adherido las acusaciones populares.
Se trata de las mismas medidas cautelares que impuso el viernes pasado a otro empresario investigado en el Supremo por esta presunta trama, José Ruz, vinculado a la constructora LIC. En cambio, para los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR, solo acordó comparecencias periódicas, según Europa Press.
