Así consta en un auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, consultado por Europa Press, que está fechado el pasado 12 de noviembre y que daba un plazo de cinco días a la Administración para la entrega de la información.
Una vez entregada la documentación en mano a la letrada de la Administración de Justicia de la Sección 3ª, la sala decidiría qué información se puede poner a disposición del demandante, que ha sido el consorcio Pegaso Transportation International.
Esta sociedad estaba conformada por el fondo inglés Trilantic, la familia Oriol (fundadores de Talgo) y la familia Abelló, y era el vehículo a través del cual todos ellos controlaban el 40% del capital del fabricante de trenes.
La oferta húngara por Talgo fue públicamente aceptada por Pegaso, ya que ofrecía hasta 5 euros por acción, por lo que el veto del Gobierno truncó las expectativas de Trilantic de vender sus acciones a un precio superior al que finalmente las va a vender al consorcio vasco encabezado por Sidenor (4,25 euros).
Por ello, Pegaso acudió a la justicia para obligar al Gobierno a que entregue toda la documentación en la que se basó para argumentar el veto a la empresa húngara. En su momento, el Ejecutivo aseguró que lo hacía por motivos de “seguridad nacional”, según la citada agencia.
De hecho, el propio CNI participó en la elaboración de la información que el Gobierno usó para denegar la OPA, concretamente los documentos identificados con los números 73 y 96, según la información adelantada por El Periódico.
