El eurodiputado electo Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta / Foto: Eduardo Parra - Europa Press
El juez sostiene que la decisión es “oportuna, pertinente y proporcional”, dado que permitirá conocer las circunstancias personales y temporales en las que se publicaron los documentos que dieron pie a la investigación.
La Sala de lo Penal del Supremo investiga a Alvise Pérez por presunta falsedad en documento privado e injurias, después de que difundiera en redes un supuesto test positivo de Illa durante la campaña electoral catalana de 2021. La publicación fue rápidamente replicada y se convirtió en un contenido viral que afectó a la reputación del entonces candidato.
El tribunal considera necesario acceder a los registros de la red social para determinar quién publicó el documento, desde dónde y en qué momento exacto.
El Supremo busca identificar los canales de difusión y las cuentas implicadas en la propagación del documento manipulado
La cooperación con las autoridades estadounidenses es el único medio para obtener información sobre usuarios, direcciones IP y logs asociados a las cuentas desde las que se realizó la difusión inicial.
La red social X tiene su sede principal en Estados Unidos, lo que obliga a solicitar auxilio judicial internacional para acceder a sus bases de datos. Esta medida permitirá a la Justicia española conocer las rutas digitales de la publicación y determinar si hubo coordinación o actuación deliberada.
La comisión rogatoria es clave para vincular las pruebas digitales con posibles responsabilidades penales
Fuentes judiciales apuntan a que el procedimiento seguirá los cauces habituales de cooperación entre España y EEUU, de modo que la respuesta podría tardar varias semanas. Mientras tanto, el Supremo continuará analizando el resto de pruebas documentales y testificales de la causa.
| Fecha | Hecho principal | Relevancia |
|---|---|---|
| Febrero 2021 | Difusión en redes de un test de COVID atribuido a Illa | Inicio de la presunta falsedad documental |
| 2024-2025 | La Fiscalía solicita al Supremo investigar a Alvise por los hechos | Se abre la causa por falsedad e injurias |
| Octubre 2025 | El juez Hernández libra comisión rogatoria a EEUU para recabar datos de X | Avance decisivo en la instrucción |
La tabla muestra cómo la investigación ha pasado de una publicación viral a una causa penal formal que ahora trasciende fronteras.
La decisión del Supremo no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también sociales y tecnológicas. En plena expansión del uso político de las redes, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad penal en la difusión de información falsa.
El caso refuerza la idea de que la desinformación digital puede tener consecuencias penales directas
Para los expertos, este proceso marca un precedente en la cooperación internacional para combatir la desinformación y la manipulación de datos en campañas políticas.
Una vez que Estados Unidos responda a la comisión rogatoria, el Supremo podrá incorporar los resultados al procedimiento. Si se confirma que la publicación fue deliberadamente manipulada, Alvise podría enfrentarse a cargos formales por falsedad documental e injurias.
Por el contrario, si no se encuentran pruebas concluyentes, la causa podría archivarse o derivar hacia otras responsabilidades subsidiarias. En cualquier caso, el proceso refuerza la capacidad del sistema judicial español para actuar frente a contenidos falsos distribuidos desde el extranjero.
La decisión del Tribunal Supremo de solicitar datos a Estados Unidos marca un avance crucial en la investigación por la difusión del test falso de Salvador Illa. Más allá de su relevancia penal, el caso refleja la creciente necesidad de herramientas internacionales para garantizar la veracidad en el espacio digital y proteger el derecho al honor frente a campañas de desinformación.
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