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El Supremo fija en más de 1.500 millones las indemnizaciones por el Prestige

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige. Esta sentencia establece indemnizaciones superior a los 1.500 millones de euros, que deben repartirse entre el Estado español, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido, que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.

El tribunal ha estimado los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Estado francés y, parcialmente, el del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) contra el auto de responsabilidad civil del 15 de noviembre de 2017 por la Audiencia Provincial de A Coruña.

Asimismo, desestima los recursos del resto de responsables civiles junto al fondo FIDAC: el capitán del buque, Apostolos Mangouras, y la aseguradora The London Owners Mutual Insuranse Association, como responsables directos del pago de las indemnizaciones, y la propietaria del barco, Mare Shipping, responsable subsidiaria.

La sentencia modifica diversos aspectos del auto de la Audiencia. De esta manera, atendiendo el recurso de Francia y España, establece que en las indemnizaciones por responsabilidad civil reconocidas a ambos Estados deben incluirse las cantidades correspondientes al IVA abonado en las tareas de reparación del daño sufrido. En el caso del Estado español asciende a 43,6 millones de euros.

El Supremo ha acordado que de la cuantía reconocida a España no pueden ser descontadas las cantidades recibidas en concepto de ayudas de fondos comunitarios, cuantificada por uno de los responsables civiles, en concreto la aseguradora londinense, en más de 275 millones de euros, y añade a las indemnizaciones los intereses.

Otro aspecto corregido es la indemnización reconocida a la Xunta de Galicia por la tarea de la Sociedad Gallega de Residuos Industriales (SOGARISA), por importe de 1,87 millones de euros, de la cual se mantienen 1,1 millones, correspondientes a la eliminación de residuos del Prestige, pero se retiran los 751.555 euros relativos al coste estimado de la puesta a punto de dicha instalación.

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El Supremo fija en más de 1.500 millones las indemnizaciones por el Prestige

E.B.

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