En una decisión que marca un precedente importante, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha determinado que los migrantes sujetos a órdenes de expulsión deben disponer de más tiempo y recursos legales para defender sus casos. La Corte ha considerado insuficiente el aviso de deportación emitido solo 24 horas antes de la ejecución de la medida, lo que vulnera el debido proceso.
La resolución no se pronuncia directamente sobre la legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, pero sí insiste en que su aplicación no puede obviar los derechos básicos de defensa.
El Tribunal Supremo no avala el uso de una ley del siglo XVIII para justificar expulsiones inmediatas, y ordena reforzar los derechos de defensa de los migrantes ante medidas de deportación
Vuelta al tribunal inferior: el caso no está cerrado
El Supremo ha devuelto el caso a la Quinta Corte de Apelaciones del Circuito, con sede en Nueva Orleans, para una revisión más detallada. La instancia inferior deberá ahora examinar si la utilización de esta legislación, pensada originalmente para contextos de guerra, es procedente en materia migratoria.
Este movimiento judicial representa un freno significativo a la política de deportaciones exprés aplicada por la anterior Administración, que ha sido criticada por organizaciones humanitarias por eludir protocolos legales fundamentales.
El Tren de Aragua y la política de expulsión inmediata
Durante el mandato de Donald Trump, se recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la expulsión inmediata de migrantes, principalmente venezolanos, a quienes se les vinculaba con el grupo criminal Tren de Aragua. Estas expulsiones se realizaron sin considerar el estatus migratorio de las personas afectadas, lo que generó denuncias de violaciones de derechos humanos.
Según diversas ONG, esta práctica vulneraba los principios del debido proceso, y colocaba en peligro a personas que no habían tenido la oportunidad de demostrar su situación o impugnar las acusaciones.
