Así consta en una diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Supremo detalla que la minuta del abogado de González Amador asciende hasta los 64.778,78 euros, a los que hay que sumarle 13.603,32 euros de IVA, más 1.560,38 euros de los honorarios profesionales de la procuradora.
Cabe recordar que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, a pagar 17.200 euros en concepto de indemnización y multa –que fue abonado por la Unión Progresista de Fiscales tras una colecta– y a sufragar los gastos procesales.
El letrado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito, al que también ha accedido esta agencia de noticias, en el que esgrime “una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal”, para justificar sus honorarios.
En concreto, Rodríguez Ramos manifestaba que “nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró”.
Y señalaba una “pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento”, el aforamiento de García Ortiz, la “destrucción” de archivos o la posición de la Fiscalía, favorable a la absolución del que fue su jefe.
Por todo esto, el letrado avisaba de “la falta de referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas” y apunta que ajustará sus honorarios en función de “los criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid”.
Por ejemplo, Rodríguez Ramos tasa en 250 euros la preparación de cada uno de los interrogatorios –cerca de una veintena– o en 750 euros cada uno de los recursos de apelación aportados al tribunal.
