Tribunal Supremo
El 5 de noviembre. Esa será la fecha en la que el Tribunal Supremo tomará su decisión final sobre si son los bancos o los clientes los que deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), el que se abona en el momento de la firma de la hipoteca. Así lo ha dado a conocer hoy el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, que ha aprovechado para arropar al magistrado Luis Díez-Picazo tras las críticas –y peticiones de dimisión- por su actuación en este asunto.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha reunido hoy con el vicepresidente del Tribunal, Ángel Juanes Peces, con el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, y los magistrados de este tribunal Nicolás Maurandi Guillén, presidente de la sección segunda de la Sala, Ángel Aguallo Avilés, José Diaz Delgado, Francisco José Navarro Sanchís, Jesús Cudero Blas y Dimitry Berberoff Ayuda.
Tras esta cita, Lesmes ha remitido una nota informativa en la que recuerda que la sentencia que destaca que son los bancos y no los clientes los que deben pagar el impuesto sobre las hipotecas “es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”.
No obstante, “es importante destacar” que simultáneamente a esta sentencia, “se deliberaron, votaron y fallaron otras dos sentencias entre las mismas partes y con similar objeto, ambas pendientes únicamente de notificación”. “Estas sentencias tampoco son susceptibles de revisión alguna”, apunta el también presidente del CGPJ.
En segundo lugar, Lesmes valora que los magistrados integrados en la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo y el presidente de dicha sección “han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal”, así como “con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.
Eso sí, el presidente del Supremo avala que la avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala -es decir, Díez-Picazo, “forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario” para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda. En ese sentido, el pleno jurisdiccional tendrá lugar finalmente el próximo día 5 de noviembre.
La actuación de Díez-Picazo, metiendo en la nevera la sentencia que apuntaba a que los bancos debían pagar este impuesto, había despertado malestar entre las principales asociaciones judiciales. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se ha lamentado de que pone en entredicho la independencia del Poder Judicial, mientras que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha ido más allá y ha pedido su dimisión.
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