Silla de ruedas
En concreto, de esas 23.836 personas, 13.736 eran dependientes con derecho pendientes de prestación, y 10.101 estaban pendientes de resolución del grado de dependencia. El laberinto burocrático provoca la muerte de 131 personas al día, alerta la Asociación.
En general, en lo que va de año, las tasas de variación son positivas, con 46.754 solicitudes más, 36.748 valoraciones más y 34.792 personas beneficiarias con derecho a prestación más, así como 33.019 personas atendidas más.
Sin embargo, el aumento de los estos principales indicadores del Sistema provoca un incremento de las listas de espera de la dependencia, con 397.164 personas a la espera de un procedimiento. El tiempo medio es de 378 días, 43 días menos que el pasado año.
De esas personas en espera, 195.209 están en el limbo de la dependencia –personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio– y 134.604 son solicitantes que están pendientes de ser valorados. Además, 33.353 personas tienen resolución de PIA y no reciben prestación o servicio, y hay 34.000 solicitantes que las comunidades autónomas no han registrado y están pendientes de valorar.
En este contexto, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales avisa del incremento del número de solicitudes en los últimos seis meses: un 287% más que en el mismo periodo de 2021 y un 12% más respecto a todo el ejercicio anterior.
Por CCAA, Andalucía es la que presenta un mayor porcentaje sobre la población potencialmente dependiente en solicitudes, mientras Galicia es la menor. Igualmente, la comunidad que con mayor rigidez aplica el baremo de la dependencia es Extremadura (el 28,2% de los solicitantes no obtienen grado) y la de mayor flexibilidad es Galicia (sólo el 10,4% no obtiene grado).
Respecto al limbo de la dependencia, son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%) las que tienen un mayor porcentaje, mientras Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%) son las que menos. Además, Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en este semestre, con 3.115 (11,6%). Por su parte, Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición.
La comunidad que más días tarda en resolver una prestación o servicio, desde que tiene entrada la solicitud, es Canarias, con 993, y las que menos Castilla y León, con 118 días.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que el Sistema de Dependencia tiene una tendencia «low cost», pues las prestaciones y servicios son «cada vez de menor intensidad e insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia».
En este sentido, detalla que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236 euros, percibidas actualmente por 498.821 personas, de las que solamente 67.786 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (un 13,6%).
También señala que las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes «insuficientes», como las intensidades horarias de los servicios de Ayuda a Domicilio, cuyas prestaciones, no obstante, se han incrementado en los últimos seis meses, al igual que la Teleasistencia, Centros de Día, Residencias, Cuidadoras Familiares o las Prestaciones Vinculadas.
De este modo, la Asociación apunta a una recuperación «lenta» y «desigual» del Sistema de Atención a la Dependencia. «El SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia», puntualiza al respecto.
Por ello, reclama una ley que «agilice los procedimientos y recupere las intensidades e incompatibilidades que se produjeron hace una década» y pide a los gobiernos autonómicos «acometer reformas necesarias que agilicen los trámites», como simplificar los procedimientos, acelerar las resoluciones y unificar para dar respuesta «inmediata» en esta crisis.
Asimismo, insta a «avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas».
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