En este sentido, explica que todas las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones…) que cuentan con servicio de bomberos perciben de las aseguradoras un 5% de las pólizas de seguros contra incendios contratadas en el correspondiente ámbito territorial y un 2,5% de las pólizas multirriesgo.
En la demanda, detallan en una nota, los bomberos de la Comunidad de Madrid exigen al Gobierno regional que estos fondos -cantidades abonadas por UNESPA y, en su caso, otras aseguradoras- “se destinen urgente y exclusivamente a inversiones reales”. Sin embargo, en los últimos cinco años (2019-2023) en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, critica, “el patrón se repite, pues figura para este cometido una partida que, posteriormente, desaparece del programa económico del Cuerpo de Bomberos”.
El Sindicato de Bomberos de la región advierte de que este agujero en la inversión va en detrimento de la calidad del servicio público, “que se evidencia en un aumento de los tiempos de respuesta a los ciudadanos, deficiencias en vehículos, infraestructuras, equipos de trabajo y Equipos de Protección Individual”.
Además, este proceder puede llevar en última instancia al “desmantelamiento” del Cuerpo de Bomberos, con el consiguiente “riesgo de que el servicio público para intervenir en casos de emergencia se privatice o quede directamente en manos de voluntarios sin la suficiente capacitación”.
Antecedentes a nivel nacional
El sindicato denuncia que esta situación ya se puso de manifiesto públicamente en la Asamblea de Madrid “cuando se evidenció la existencia de partidas de gasto sin ejecutar, de cifras récord en convalidaciones de gasto, encargos directos a la empresa pública Tragsa, contratos de emergencia o parques que tuvieron que cerrar por falta de medios”.
“Esta ilegalidad no es exclusiva de la Comunidad de Madrid”, asegura, “sino que viene sucediendo, cada vez más con frecuencia, en otros territorios como San Sebastián, Vitoria, Cantabria, Oviedo o Gijón, donde los bomberos ya han puesto el asunto en manos de la justicia”.
Precisamente el fallo del Supremo fue ratificado el pasado 16 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, poniendo fin a un largo proceso judicial iniciado en 2015, detalla el sindicato, y que condenó al consistorio de Gijón a destinar más de 1,5 millones de euros a inversiones reales que reviertan en un servicio más eficaz y seguro para los ciudadanos.
Por todo ello, los bomberos de Madrid se manifestarán el 20 de diciembre por las calles del centro de la capital y advierten de que si no reciben respuesta a la reclamación administrativa que acaban de interponer contra el Ejecutivo autonómico, elevarán el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
