La propuesta, presentada por el PNV, ha sido votada este miércoles en los términos de una transaccional que han alcanzado junto al PSOE, PP, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal y el Grupo Parlamentario Nacionalista. El texto ha sido aprobado por el Pleno con los votos a favor de todos los grupos, excepto Vox, que ha votado en contra.
En la propuesta aprobada, el Senado insta al Ejecutivo a «poner en marcha los mecanismos necesarios para dar cumplimiento en su integridad a la Ley» de Dependencia, «continuando con el necesario impulso que debe ser acordado en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia».
También pide al Gobierno que «cumpla definitivamente con el compromiso de financiación adquirido con las CCAA, habilitando las partidas presupuestarias necesarias para ello y continuando con el incremento en las aportaciones por parte de la Administración General del Estado (AGE) en relación con la financiación del sistema hasta el cumplimiento íntegro de la ley».
Durante el debate de la moción, que tuvo lugar este martes, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha recordado que «hace 14 años y medio se aprobó que en julio de 2005 estaría aplicada la ley en su integridad y se acordó una financiación 50%-50% entre el Estado y las comunidades autónomas». Si bien, ha precisado que a día de hoy están «en un 18% (aportado por la AGE) y un 82% (por las CCAA)».
Con esta propuesta, según ha defendido, quieren conseguir un objetivo «bien claro y bien sencillo», que «se cumpla la ley» y «que todas las personas con dependencia puedan ejercer un derecho que tienen reconocido y tengan acceso a prestaciones y servicios que están contemplados en esa ley».
Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra porque consideran que «solo con financiación no se solucionará el grave problema social que representa la Dependencia en España», tal y como ha precisado su senador José Manuel Marín. Su grupo había presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, en la que pedían «eliminar las grandes diferencias que existen, en la percepción de las prestaciones económicas y en las demoras en las resoluciones, entre las distintas comunidades autónomas».
