Compromís presenta hoy en el Senado la Proposición Ley Castor, elaborada por el denominado Grupo Ciudadano Caso Castor -compuesto por Xnet, Observatorio de la Deuda e Instituto por los Derechos Humanos- para que ACS asuma los costes.
En concreto, el senador Carles Mulet ha anunciado que la coalición va a registrar esta iniciativa en forma de Proposición de Ley de la sociedad civil. La denominada Ley Castor promueve la batalla judicial en este caso y reclama que sea la compañía presidida por Florentino Pérez la que se “responsabilice por los pagos, indemnizaciones y actuaciones” consecuencia de las “chapuzas” de un proyecto mal diseñado y ejecutado, según señala Xnet en un comunicado.
En concreto, la Proposición de Ley prevé el inicio de un procedimiento judicial para recuperar la cantidad abonada por Enagás a la concesionaria Escal UGS. Según argumentan sus promotores, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional anuló el contrato que generó la deuda, ésta “no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía”.
Asimismo, se solicita que una comisión parlamentaria revise las partidas presupuestarias y el informe técnico completo del proyecto, ya que “revisando las cuentas de ACS es evidente que puede asumir los costes que ha generado y más habiendo repartido dividendos”. También se pide la revisión por el Gobierno de los elementos técnico-jurídicos del proyecto, así como determinar los mecanismos para un cierre justo.
Simultáneamente, la intención es que se redacte un Proyecto de Ley para que el coste del desmantelamiento no recaiga en la ciudadanía a través de mecanismos directos o indirectos.
La propuesta llega al Senado apenas unos días de conocerse una sentencia del Tribunal Supremo por la cual el Estado tendrá que pagar 1.350 millones de euros a Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el dinero que estos tres bancos adelantaron en su momento para compensar a ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor.
