Senado
En concreto, el dictamen del proyecto de Presupuesto ha recibido 145 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención. Entre los apoyos figuran los del PSOE, ERC, PNV, EH Bildu, Izquierda Confederal (salvo Geroa Bai), Partido Aragonés (PAR), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Coalición Canaria.
Además de aprobarse el dictamen, se han rechazado los votos particulares y las enmiendas que permanecían vivas tras su paso por la Comisión de Presupuestos, por lo que las nuevas cuentas públicas han quedado definitivamente aprobadas, sin necesidad de volver al Congreso al no introducirse cambio alguno.
Cabe reseñar que un Pleno del Senado ya rechazó los cinco vetos a la totalidad presentados por el PP, Vox, Cs, JxCAT y UPN y también rechazó las 87 impugnaciones a las secciones presentadas por los grupos.
Desde el Ejecutivo, Fernando Grande- Marlaska, Carolina Darias, Miquel Iceta, José Luis Escrivá, Diana Morant y Félix Bolaños han acompañado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la última votación de las cuentas públicas de 2023 donde se ha puesto fin a intensas semanas de negocicaciones con los grupos parlamentarios.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los más expansivos de la democracia española, cuentan con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto e incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados.
También los colectivos más vulnerables verán aumentado el Ingreso Mínimo Vital un 8,5%, lo que beneficiará a 1,2 millones de personas. Por su parte, el IPREM, el índice de referencia utilizado para la concesión de numerosas ayudas, aumentará un 3,6% y se situará en los 600 euros. Además, el bono social térmico se eleva en 102 millones.
Por su parte, se rebajará del 25% al 23% la tributación en el Impuesto sobre Sociedades a las pymes que facturen menos de un millón de euros. Esta medida que se complementa con la tramitación de una Proposición de Ley para que las empresas energéticas, entidades financieras y grandes fortunas aporten más con el objetivo de lograr un reparto justo de la crisis.
Lo que no incluyen las cuentas públicas son las medidas adoptadas para paliar los efectos de la guerra, salvo la bonificación al transporte de Renfe, Cercanías y Rodalies, que se extenderá a todo 2023.
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