El sector eléctrico, en pie de guerra contra las reformas de Nadal: creen que son un fraude legislativo

El sector energético está contrariado por las reformas que está preparando el Ministerio de Energía y que incluye recortes de cientos de millones de euros a la retribución que reciben las compañías por las actividades de distribución y transporte, tanto en el mercado de la electricidad como en el del gas. Las empresas apuntan incluso que las medidas que se están manejando son inconstitucionales y podrían suponer un fraude legislativo.

Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados hace unas semanas, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, avanzó que su departamento estaba trabajando en un ajuste a la retribución de 200 millones para las eléctricas y de 50 millones para las gasistas. Estos cambios llegarían apenas cuatro años después de la reforma realizada en 2013, por lo que han causado perplejidad en el sector.

Además, Nadal anunció también que planteará al Hemiciclo un cambio normativo para que las compañías eléctricas que quieran cerrar sus centrales nucleares paguen parte del coste del desmantelamiento, el que no pueda asumir Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos y el desmantelamiento. Para hacer frente al coste, las empresas contarían con la parte correspondiente del fondo de Enresa, que ya contempla de las aportaciones de las eléctricas.

Para las eléctricas, las pretensiones de Energía de cambiar las normas a mitad del período regulatorio en el caso de la distribución (la metodología para calcular la retribución a las redes de distribución se fijó hasta 2019 en el mercado eléctrico y el 2020 en el gasista), o casi al final del período, como ocurre con las nucleares que están a punto de cumplir los 40 años operativas, provocan inseguridad jurídica, alejando a los inversores y accionistas.

En este sentido, fuentes del sector energético recuerdan que el modelo de retribución de las actividades reguladas había sido reformado en 2013 con la garantía de ser estable y otorgar confianza y seguridad a los inversores. La ley impide modificaciones en el modelo retributivo en perjuicio de las empresas distribuidoras, a no ser que se den determinadas condiciones en el mercado que ahora no se producen. En su opinión, las normas que plantea el Ministerio rompen la seguridad jurídica de los inversores, son inconstitucionales y que vulneran incluso el Derecho Comunitario.

La propia agencia de calificación Moody’s advirtió en un informe que los recortes a la retribución a las compañías energéticas que prepara el Ministerio de Nadal “tendrán implicaciones crediticias negativas para el sector”. La firma estadounidense señala que el impacto de dichos ajustes y reformas será especialmente duro para Red Eléctrica de España (Baa1 estable), y para los principales operadores de plantas nucleares Endesa e Iberdrola (Baa1 positiva).

La necesidad de una transición energética apoyada en la descarbonización de la economía y una fuerte apuesta por las fuentes de energía renovable requieren inversión en nuevas infraestructuras y redes, por lo que, en opinión de las eléctricas, el ministro de Energía debería tomar decisiones orientadas a crear un entorno que favorezca la inversión, minimizando el riesgo regulatorio.

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