El salario mínimo de 900 euros: ¿‘enemigo público número 1’ de los economistas?

Apenas unos días antes de Navidad, el Gobierno aprobaba una de sus medidas estrella: la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. Desde entonces la medida no ha parado de recibir críticas por parte de los economistas de las principales instituciones nacionales e internacionales, que consideran que supondrá una menor creación de empleo.

Ayer mismo, la Comisión Europea alertaba de los efectos de la subida del salario mínimo en su informe de invierno, en el que rebajaba además en una décima su previsión de crecimiento para España. La creación de empleo “se debilitará” debido “al esperado impacto amortiguador del incremento en el salario mínimo”, apuntaba el ejecutivo comunitario.

Unas críticas muy similares a las que sólo unos días antes había realizado el Banco de España, que de hecho ha hecho los cálculos de los empleos que se podrían perder: 125.000, un 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo que hay en el mercado laboral. Así figura en un análisis sobre el impacto de la subida del salario mínimo en 2017, en el que el organismo supervisor realiza este cálculo conforme al impacto del incremento del SMI en 2017, cuando se elevó un 8%, hasta los 707,6 euros mensuales.

Aunque el Banco de España matiza que la proyección conlleva un “elevado grado de incertidumbre», apunta a que podría destruirse el 28% de los puestos de trabajo de los empleados de entre 45 y 64 años que ganan menos de 900 euros, una tasa que se reduce al 15,9% para aquellos de entre 33 y 44 años, al 1,6% para los de 25 a 32 años, y al 2,2% para los más jóvenes.

Antes de su aprobación, también el Fondo Monetario Internacional (FMI) había pedido cautela al Gobierno. “Hay que ser cuidadoso con los salarios mínimos, por un lado para no excluir a gente del mercado laboral. Pero, por otro lado, también hay justificación por cuestiones sociales”, explicó Poul Thomsen, director del Departamento de Europa del FMI tras conocerse el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos para elevar el SMI. “Uno tiene que equilibrar ambos” elementos, añadió.

Dentro de las fronteras españolas los economistas también se han mostrado en general críticos con el Gobierno. Mientras que la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) considera que la medida es “desmesurada o, como mínimo, arriesgada”, BBVA Research es más preciso y apunta a un “impacto negativo” en la creación neta de empleo que podría alcanzar entre 20.000 y 75.000 puestos de trabajo sólo durante 2019.

Por el momento, el único respaldo de una institución que ha recibido el Gobierno ha sido el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En noviembre del año pasado, su secretario general, José Ángel Gurría, estuvo en España y aprovechó su visita para echar un capote a la medida al señalar que se trata de un “ajuste necesario” para evitar que “haya empleos de extrema precariedad”.

“El tema del salario mínimo es muy sencillo”, explicó el economista mexicano, que recordó que “los niveles salariales generales eran muy bajos” en España, por lo que con la subida “se pone al día un elemento que es una unidad de cuenta”.

El uno de enero de 2019 entraba en vigor la subida del salario mínimo interprofesional, aprobada por el Gobierno el 21 de diciembre. El SMI quedaba fijado en 900 euros, una subida de 164 euros (la mayor desde 1977).

El Gobierno explicaba entonces que el objetivo era prevenir la pobreza en el trabajo, aumentar el nivel de vida de las personas peor retribuidas, como mujeres y jóvenes, y fomentar un crecimiento salarial más dinámico. Pretende además impulsar el consumo, y se espera que suponga una mayor recaudación de cotizaciones para la Seguridad Social.

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