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El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, informaba ayer del plan para rescatar a las autopistas de peaje en quiebra con dinero público, pero no cifraba el importe que se llevarían las concesionarias por la responsabilidad patrimonial del Estado sobre ellas. Hoy, el Tribunal de Cuentas da el primer dato del agujero millonario que dejarán las radiales: 3.718 millones de euros, pero sin contar los posibles litigios.
La cifra es el importe máximo que la Administración deberá asumir sobre las sociedades concesionarias de las autopistas, tanto por construcciones como por las expropiaciones de terrenos que fueron necesarias, según el fiscalizador. A ello, sin embargo, habrá que sumar el coste de las posibles indemnizaciones por expropiaciones en caso de que éstas llegaran a los tribunales.
De la Serna defendía que el Estado espera sacar a concurso “en el menor tiempo posible” las nueve autopistas de peaje en quiebra. Pero hasta entonces, la liquidación del rescate sumará casi el doble de lo que el Estado dedicó en 2017 a invertir en carreteras, 1.913 millones de euros. La inversión en esta partida, además, ha sufrido un recorte del 13% respecto al año pasado, según los Presupuestos Generales del Estado. En general, la obra pública ha visto caer un 20% su presupuesto respecto a 2016, y sólo los aeropuertos se salvan de los recortes.
Por otro lado, hace solo tres días la Asociación Española de la Carretera cifró en 730 millones de euros las actuaciones necesarias para eliminar todos los tramos peligrosos de las carreteras convencionales de todo el país. Con ese dinero, cinco veces menos de lo que costará el rescate de las autopistas, se podría intervenir sobre 1.121 kilómetros de especial conflictividad de 73 tramos viales, según el informe “Seguridad en carreteras convencionales”.
Agujero millonario que no figura en las cuentas de Fomento
El Tribunal de Cuentas también afea al Ministerio dirigido por De la Serna que “la memoria consolidada no contiene información relativa a los riesgos derivados de situaciones judiciales en las que se hallaban incursas, al cierre del ejercicio fiscalizado, distintas sociedades concesionarias de autopistas de peaje tras su entrada en concurso de acreedores”.
Además, en el capítulo de contingencias recuerda no haber recibido la documentación requerida por el fiscalizador respecto a los riesgos citados. El Tribunal considera que “esta información relativa a los riesgos para la Administración derivados de las situaciones de las citadas sociedades concesionarias debería haberse recogido en la memoria, al menos, entre los hechos posteriores al cierre”.
Las nueve vías que actualmente están en quiebra, con una deuda total de unos 3.200 millones de euros, son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena Vera, la circunvalación de Alicante y la que une la capital con el aeropuerto de Barajas.
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