Hoy finalmente llega al pleno del Ayuntamiento de Madrid, el nuevo reglamento que fija los requisitos para poder acceder a una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) en régimen de arrendamiento, y lo hace en medio de la polémica, ya que sus después de cuatro borradores, el equipo de gobierno municipal no ha conseguido el consenso necesario ni el respaldo de los activistas por el derecho a la vivienda que critican que se deje fuera a las familias que por necesidad han tenido que ocupar y se vete a los migrantes sin papeles.
José María Torralbo, portavoz de la Coordinadora Madrileña de Vivienda de la PAH, explica en declaraciones a EL BOLETIN que debido a su rechazo al reglamento han realizado la campaña en redes sociales #ReglamentoViviendaEMVS #QuéVasAVotar?, con la que quieren que cada edil se “retrate” y explique claramente el sentido de su voto, ya que “sabemos que hay discrepancias internas en el equipo de Gobierno y que a no todos los concejales les parece idóneo este reglamento”.
https://twitter.com/AlertaDesahucio/status/1067011468707676161?ref_src=twsrc%5Etfw
Y es que según informa Torralbo, la PAH rechaza el artículo 4 del reglamento que impide a la familias que haya ocupado una vivienda municipal optar a una vivienda social “porque lo que hace es condenar a las familias que precisamente ocuparon porque no tenían un techo y por una cuestión de supervivencia, y lo que exigimos es que puedan solicitarla y no que se la den, ya que eso dependerá de que dicha familia cumpla o no cumpla los requisitos.”
Además, también se oponen a que dejar fuera a los migrantes sin papales, a los que se les condena a vivir en albergues o casa de acogida de la Cruz Roja, y no están de acuerdo tampoco con el hecho de que se hayan eliminado los baremos con los que las “adjudicación van a ser prácticamente a dedo”. El portavoz de la PAH asegura que no ponen en duda la “buena fe” del Ayuntamiento a la hora de conceder las viviendas, pero consideran que la falta de baremación provoca falta de transparencia en el proceso.
Finalmente se quejan de que los servicios sociales del Ayuntamiento ya no den una copia a los afectados de sus informes que envían directamente a la EMVS o al Juzgado en caso de desahucios, lo que provoca indefensión en los afectados ya que los datos son erróneos en muchas ocasiones.
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