El PSOE se persona como acusación particular en el caso del novio de Ayuso

El PSOE se persona como acusación particular en el caso del novio de Ayuso

Los socialistas madrileños defienden la necesidad de “fiscalizar cada euro” que las familias y empresas han pagado en impuestos en la Comunidad de Madrid.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. (Foto: Comunidad de Madrid)
El PSOE se ha personado como acusación particular en el procedimiento abierto contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas dan este paso en el marco de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por posibles delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. El partido destaca que podrá así acceder a toda la documentación relacionada con el caso.. El líder del PSOE de Madrid y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, ha defendido esta acción “en defensa del interés general, especialmente de los 350.000 euros que son de todos los madrileños”. También ha apuntado la necesidad de “fiscalizar cada euro” que las familias y empresas han pagado en impuestos en la Comunidad de Madrid. Lobato ha destacado que en el transcurso de este procedimiento, la empresa de la pareja de Ayuso “pasó de tener unos beneficios de 27.000 euros a 1,9 millones, principalmente porque ha recibido dinero del grupo Quirón, que ha sido el mayor receptor de fondos públicos en la Comunidad de Madrid”. Por ello, el PSOE se personará para obtener acceso al procedimiento y a toda la información relevante que les permita “fiscalizar la acción del Gobierno” y el destino de los fondos públicos madrileños. En el escrito presentado ante los juzgados, el PSOE destaca que de este caso podrían derivarse posibles responsabilidades penales que afectarían al interés general, como un presunto intento de defraudación a la hacienda pública. Por tanto, solicitan su personación en la causa en representación de sus afiliados y en aras del interés general de la ciudadanía. Además, señalan en una nota, argumentan que este “es un asunto de interés general que afecta a la hacienda pública y genera preocupación y alarma social, justificando así su intervención en la investigación para proteger los intereses ciudadanos que podrían haberse visto perjudicados debido a los hechos objeto de la misma”.

El PSOE se ha personado como acusación particular en el procedimiento abierto contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas dan este paso en el marco de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por posibles delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. El partido destaca que podrá así acceder a toda la documentación relacionada con el caso.

El líder del PSOE de Madrid y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, ha defendido esta acción “en defensa del interés general, especialmente de los 350.000 euros que son de todos los madrileños”. También ha apuntado la necesidad de “fiscalizar cada euro” que las familias y empresas han pagado en impuestos en la Comunidad de Madrid.

Lobato ha destacado que en el transcurso de este procedimiento, la empresa de la pareja de Ayuso “pasó de tener unos beneficios de 27.000 euros a 1,9 millones, principalmente porque ha recibido dinero del grupo Quirón, que ha sido el mayor receptor de fondos públicos en la Comunidad de Madrid”. Por ello, el PSOE se personará para obtener acceso al procedimiento y a toda la información relevante que les permita “fiscalizar la acción del Gobierno” y el destino de los fondos públicos madrileños.

En el escrito presentado ante los juzgados, el PSOE destaca que de este caso podrían derivarse posibles responsabilidades penales que afectarían al interés general, como un presunto intento de defraudación a la hacienda pública. Por tanto, solicitan su personación en la causa en representación de sus afiliados y en aras del interés general de la ciudadanía.

Además, señalan en una nota, argumentan que este “es un asunto de interés general que afecta a la hacienda pública y genera preocupación y alarma social, justificando así su intervención en la investigación para proteger los intereses ciudadanos que podrían haberse visto perjudicados debido a los hechos objeto de la misma”.

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